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sábado, 20 de septiembre de 2014

La memoria histórica entra en los institutos y en la educación de adultos de Andalucía

 
Se acaba de publicar el primer manual pedagógico sobre la Historia democrática andaluza dirigido al profesorado. La memoria económica de la Ley de Memoria Democrática prevé una inversión de 10 millones de euros hasta el año 2020
 
Público - Rafael Guerrero - Sevilla 18/09/2014
La Junta de Andalucía pretende invertir en memoria histórica 10 millones de euros hasta 2020 dentro de una planificación cuatrienal que comenzará en 2015, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Parlamento andaluz, que podría producirse entre diciembre y, como muy tarde, antes del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía.
 
Actualmente, el texto se encuentra en fase de anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno en marzo pasado, su memoria económica acaba de obtener el visto bueno de la Consejería de Hacienda y sólo falta el dictamen del Consejo Consultivo para que entre en la Cámara andaluza como proyecto de ley para ser debatido por los grupos políticos.
 
Desde las últimas elecciones andaluzas de 2012 y la formación del Gabinete de coalición PSOE-IU, las competencias sobre memoria histórica dependen de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que encabeza el vicepresidente de la Junta y excoordinador regional de Izquierda Unida Diego Valderas.
 
IU elevó el rango institucional memorialista y creó una Dirección General de Memoria Democrática, cuyo titular es Luis Naranjo. Tras un largo proceso de meses de reuniones y consultas con representantes de asociaciones de la memoria y expertos, nació el anteproyecto que condensa la política memorialista andaluza, con avances sustanciales en relación con la ley estatal promovida por Zapatero, aprobada a finales de 2007 y desactivada por Rajoy.
 
Susana Díaz: "Será la ley más avanzada de España"
La Ley de Memoria Democrática andaluza será la tercera norma autonómica que regule la memoria histórica, tras la catalana (2007) y la navarra (2013), pero es la que se plantea llegar más lejos en sus objetivos, ya que persigue entroncar con los tratados internacionales sobre derechos humanos cuyo incumplimiento viene reprochando insistentemente la ONU al Estado español a través de distintas instancias.
 
Lo anunció en julio la presidenta de la Junta Susana Díaz (PSOE) -"la ley será la más avanzada de España"- y lo confirma ahora el vicepresidente Valderas (IU), esperanzado en que "Andalucía se homologue con otros países en defensa de los derechos humanos, en el conocimiento de la verdad, sobre los pilares de verdad, justicia y reparación".
 
La Ley de Memoria Democrática se define como una norma transversal. De hecho, en su gestación ha habido participación de hasta siete consejerías del Gobierno andaluz, lo que la convierte no sólo en un empeño partidario de IU, sino también en un proyecto asumido por los socialistas, como principal sostén del Ejecutivo.
 
Unas de las novedades afecta a la educación, ya que la Junta ha decidido introducir la memoria histórica en los institutos y en la educación de adultos, pero no como una asignatura, sino como materia de información y conocimiento. Y para ello se acaba de editar un manual pedagógico dirigido a los profesores sobre la Historia democrática de Andalucía, concretamente sobre la Segunda República, "lo que supone el primer material didáctico sobre memoria histórica realizado en Andalucía", según el director general, Luis Naranjo. "No será materia de currículum, pero sí de obligado conocimiento, ya que sobre el silencio y el olvido no se construye nada", afirma el vicepresidente andaluz, Diego Valderas.
 
Más control oficial sobre las exhumaciones
El argumento de la divulgación educativa sirve como intento para aplacar las críticas sobrevenidas desde asociaciones memorialistas al anteproyecto en su régimen sancionador, ya que prevé multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves, como la "realización de excavaciones sin autorización". Valderas rechaza que la ley tenga vocación sancionadora, "sino constructiva y de concienciación". La Junta pretende ejercer un fuerte control sobre las exhumaciones de fosas comunes, considerando que se trata de la región más masacrada por la represión franquista (más de 50.000 asesinados y más de 600 fosas). No obstante, el máximo responsable político andaluz en materia de memoria histórica se muestra sensible a las críticas y cree que el texto puede matizarse en su tramitación parlamentaria, sin que pueda interpretarse como excluida la labor que desde hace más de una década han venido realizando las diferentes asociaciones en cuanto a exhumaciones en territorio andaluz.
 
La crisis y los recortes en el gasto público han afectado a las exhumaciones en Andalucía, donde -no olvidemos- se ha culminado en Málaga la intervención pública más importante de Europa después de Sebrenica, en la antigua Yugoslavia, con más de 2.800 esqueletos rescatados y la construcción de un monumento en memoria de las víctimas. Para este año se han programado once excavaciones de fosas, un proceso que se pretende reactivar tras la aprobación de la nueva ley, que prevé incluso la expropiación temporal de terrenos cuando las fosas se encuentren en fincas privadas.
 
Así pues, el vicepresidente de la Junta disipa las dudas sobre la continuidad de la participación de las asociaciones memorialistas en el proceso exhumatorio, aunque considerando su elevado coste, no cree que el año próximo sea un ejercicio idóneo para esos trabajos, ya que las restricciones económicas añadidas por el Gobierno central a las cuentas andaluzas dificultan la negociación de los socios de gobierno para la elaboración de un presupuesto general de 2015 para la comunidad autónoma en el que impera "la prioridad para el gasto social: salud, educación y dependencia".
 
La Junta denunciará los delitos a la Justicia
Otro aspecto destacable del proyecto legislativo es el interés por implicar a los jueces en las exhumaciones, con arreglo a los protocolos internacionalmente homologados y relacionados con las desapariciones forzosas. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo, con el pretexto de la Ley de Amnistía de 1977, dificulta ese objetivo, pese a lo cual el anteproyecto insiste en que "denunciará ante los órganos jurisdiccionales la existencia de indicios de comisión de delitos a que se refiere esta Ley". Esto supone que siempre que se encuentren restos humanos con signos de muerte violenta en una fosa, la Junta lo comunicará al juez correspondiente por entender que pueden ser delitos de lesa humanidad. Valderas, que apuesta por elaborar un protocolo de actuación para los jueces, valora este tema positivamente: "Lamentablemente han sido muy pocos los jueces que se han personado en exhumaciones de fosas del franquismo, pero la personación activa de un Gobierno como el andaluz me parece un avance importante, aunque no suficiente".
 
Otros aspectos vanguardistas que contempla la próxima ley andaluza son la creación de un banco de ADN para las identificaciones de víctimas y familiares, así como para contribuir al esclarecimiento del tema de los niños robados; la ampliación del catálogo de víctimas del franquismo y la fijación de un día al año en su memoria, que será el 14 de junio; la extensión del marco temporal de recuperación de la memoria desde 1931 hasta 1982; la creación de senderos de la memoria que combinan la divulgación histórica y la ecología; la no consideración de razones artísticas -a diferencia de la ley estatal- como excepción para eliminar simbología franquista; la prohibición de actos públicos que humillen a las víctimas; la reparación a las víctimas de trabajos forzados a cargo de las organizaciones que se beneficiaron de ello, etc.
 
"Hemos trabajado al límite pero dentro del marco constitucional y del Estatuto de autonomía de Andalucía, que reconoce la necesidad de profundizar en el conocimiento de nuestra memoria democrática", asegura el vicepresidente del Gobierno andaluz, que no teme ni cree que el Partido Popular recurra la ley memorialista ante el Tribunal Constitucional como sí ha hecho con las avanzadas leyes andaluzas sobre la vivienda, cuya aplicación ha sido suspendida cautelarmente por el alto tribunal.