Málaga acelera la memoria histórica con la exhumación de tres nuevos cementerios

Fosa de Álora

Los nuevos trabajos de recuperación de Cañete La Real, Almargen y Álora aspiran a encontrar los restos de 300 personas

 

La Opinión de Málaga - Lucas Martín 19.06.2014

­En el cementerio de Almargen, en el noroeste de la provincia, una línea de cipreses, plantada por orden de un funcionario como medida discreta de protección, salvaguardaba hasta hace muy poco uno de los episodios más amargos de la historia del municipio. Allí, bajo paletadas de tierra, en convivencia a veces angosta con otras tumbas, los más veteranos hablaban en voz queda de enterramientos masivos, todos ellos pertenecientes a la matanza que prosiguió a la entrada de los nacionales, en febrero de 1937, durante la Guerra Civil.

 

Según los cálculos del equipo de historiadores que comanda Andrés Fernández y de las asociaciones para la recuperación de la memoria, en el camposanto fueron aniquiladas e inhumadas 39 personas. A ellas se suman 9 desaparecidos y otros 18 fusilados de los que no se han encontrado literatura en ningún registro, pero de cuya muerte hay constancia por el testimonio de familiares y testigos. Un recuento en negro para una localidad que se mantiene ligeramente por encima de los 2.000 habitantes y en el que también pesa el recuerdo de los 39 vecinos trasladados a San Rafael, el gran cadalso de la capital. En total, 105 víctimas. De momento, los trabajos, que se iniciaron en abril, han dado con dos fosas en las que han sido localizados los restos de 2 y 5 personas. En ambos casos junto a proyectiles con la inscripción de Pirotecnia de Sevilla, un tipo de munición muy habitual en la época.

 

Las excavaciones de Almargen, entorpecidas por la cercanía de túmulos posteriores, están pendientes de encarar la última fase, en la que se añadirá también la resolución del expediente judicial presentado en los juzgados de Antequera, donde se ha presentado una denuncia en la creencia, recogida en la futura ley de Memoria Histórica, de que los crímenes no han prescrito y las víctimas precisan de un resarcimiento legal y moral.

 

La investigación en el municipio constituye, junto a las de Álora y Cañete la Real, uno de los tres proyectos puestos en marcha este año en la provincia para tratar de recuperar los cuerpos de las víctimas del bando nacional y de la dictadura que fueron asesinadas y sepultadas de forma anónima, en muchos casos, sin ni siquiera mediar juicio sumarísimo o cualquier tipo de parafernalia legal. En este conjunto de trabajos el departamento de Memoria Democrática de la Junta –cuyo responsable, Luis Naranjo, reprochó ayer al Gobierno del PP que haya «cerrado el grifo» al desahogo de las familias– ha aportado 34.000 euros. Las previsiones iniciales, confrontadas con el repaso archivístico, apuntan a la posible recuperación de los restos de alrededor de 300 personas.

 

En Cañete La Real, donde el equipo de Andrés Fernández parte con una subvención de 16.000 euros, se han hecho ya las catas iniciales. La documentación compilada por las asociaciones de Málaga y Antequera habla de un infierno velado, con 48 víctimas con nombre y apellidos enterradas sin ningún tipo de referencia en el camposanto. Según Fernández, los números se alargan también en el municipio hasta alcanzar el centenar, con 15 aniquilados a los que hace referencia la memoria oral y otros 34 inhumados en San Rafael. Para estos trabajos, los investigadores han obtenido los permisos que les autorizan a retirar momentáneamente las tumbas superpuestas, lo que facilitará la extracción. Los restos, precisa el investigador, se podrían hallar en mal estado, por efecto del roce con otros enterramientos. Sin embargo, no se descarta que alrededor de medio centenar de las víctimas se encuentren alojadas en la misma fosa, la única que ha sido localizada hasta el momento.

 

El caso de Álora es más complejo. Con un presupuesto de 10.000 euros, los investigadores se enfrentan al reto de descubrir la ubicación de unos 200 cuerpos, alrededor del 10 por ciento de la población con la que contaba el municipio a la llegada de los nacionales. «Gracias a la exhumación se va a hacer al fin justicia», resumía ayer María del Carmen Salguero, alcaldesa de Almargen.