El exministro franquista cree que la acción judicial una "iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal"
La Vanguardia 13/11/2014 Barcelona. (Redacción).-
El Ministro Secretario General del Movimiento entre 1974 y 1975, José Utrera Molina, ha reaccionado de forma contundente a la orden de la Justicia argentina de ser detenido al ser acusado de haber firmado la sentencia del militante anarquista Salvador Puig Antich, en el marco de un conjunto de peticiones de arresto por parte de la misma juez a otros dirigentes de la dictadura franquista. En un comunicado en el que se refiere a "noticias publicadas relativas a mis responsabilidades como ministro durante el Régimen anterior", niega haber cometido "delito alguno" cuando fue ministro y desacredita que la petición de la magistrada argentina sea una "acción judicial" al considerar que se trata más bien de una "iniciativa política".
La breve nota firmada por el exministro franquista consta de tres puntos. En el primero, Utrera Molina considera que el "ejercicio de las responsabilidades" como ministro "no constituye, ni ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno". En el segundo, mantiene que "la supuesta acción judicial" contra él no debe "ser considerada como tal". A su juicio, se trata de una operación "política" que dirigen "en la sombra" los que "en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal" en alusión clarísima a la cusa que abrió el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, algo que se produjo añade porque no había "fundamento legal alguno".
Finalmente, Utrera Molina considera que la imputación de dichos crímenes es una "calumnia y un atentado contra mi honor" por lo que el exministro se reserva la posibilidad de ejercer "las acciones judiciales pertinentes".
La actitud de Utrera Molina de rechazo frontal contrasta con la del otro exministro sobre el que pesa un orden de detención cursado por la Interpol tras la petición de la juez María Servini, Rodolfo Martín Villa. Aunque también rechaza las acusaciones, Martín Villa ha expresado su voluntad de declarar ante Servini para defenderse y sin usar como "parapeto" la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la ley de Amnistía.
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