- Carlos Asensio Cabanillas participó en la sangrienta toma de Badajoz y durante la dictadura fue ministro del Ejército
- El consistorio alega que ha remitido el callejero a la Junta de Andalucía para que esta “proponga la sustitución de calles” cuyo nombre incumpla la Ley de Memoria Histórica
Néstor Cenizo - El diario.es - 13/3/14
Carlos Asensio Cabanillas no es un desconocido para la historiografía. De él se saben algunas cosas: tomó Tetuán, Badajoz, Talavera y Toledo para el bando nacional; ascendió a teniente general durante la Guerra Civil; y luego fue ministro del Ejército y jefe del Alto Estado Mayor, entre otros muchos cargos. Años después, fue señalado por el juez Baltasar Garzón en la causa por los crímenes del franquismo. El teniente general Carlos Asensio Cabanillas tiene una calle con su nombre en Nerja que el consistorio se niega a sustituir hasta que la Junta de Andalucía le comunique si está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, que establece que las administraciones públicas deben retirar las placas que (personal o colectivamente) exalten la sublevación, la Guerra Civil y la dictadura.
Carlos Asensio Cabanillas no es un desconocido para la historiografía. De él se saben algunas cosas: tomó Tetuán, Badajoz, Talavera y Toledo para el bando nacional; ascendió a teniente general durante la Guerra Civil; y luego fue ministro del Ejército y jefe del Alto Estado Mayor, entre otros muchos cargos. Años después, fue señalado por el juez Baltasar Garzón en la causa por los crímenes del franquismo. El teniente general Carlos Asensio Cabanillas tiene una calle con su nombre en Nerja que el consistorio se niega a sustituir hasta que la Junta de Andalucía le comunique si está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, que establece que las administraciones públicas deben retirar las placas que (personal o colectivamente) exalten la sublevación, la Guerra Civil y la dictadura.
El caso de la calle General Asensio Cabanillas (que también tiene una vía en su honor en Madrid) no es único en Andalucía; ni siquiera lo es en Nerja, donde existe una calle en recuerdo de Francisco García Alted, Gobernador Civil de Málaga desde su toma, en febrero de 1937, hasta el final de la Guerra Civil, en 1939. Sin embargo, sí es uno de los más llamativos porque su participación en la guerra fue destacada. La necrológica del diario ABC el día de su fallecimiento (en 1970) ilustra sobre su carácter: “En noviembre de 1936 recibió la orden de avanzar sobre Madrid y rebasar el Manzanares hasta alcanzar la Ciudad Universitaria. La resistencia era terrible y enconada, pero los regulares y los legionarios del teniente coronel Asensio, siguiéndole con el heroísmo y el temerario arrojo que él mismo demostraba en todas partes, lograron ejecutar la orden recibida”. Paul Preston lo define en su biografía de Franco como “un fiel franquista con simpatías falangistas y héroe de la campaña contra Madrid del ejército de África en 1936”.
Asensio Cabanillas era el teniente coronel de las Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán que participaron en la toma de Badajoz, dirigida por el General Juan Yagüe. Los historiadores difieren en el número de ejecutados (entre 2.000 y 4.000, según la mayoría de las fuentes), pero hay acuerdo en que fue uno de los capítulos más sangrientos de la guerra. Por este episodio, Asensio fue imputado por el juez Baltasar Garzón en la causa por crímenes contra la humanidad, pero su responsabilidad penal se declaró extinguida porque había fallecido en 1970.
La historia es un terreno pantanoso en el que los héroes de un bando son los villanos del ejército enemigo, pero la norma aspira a elevarse sobre la subjetividad de los juicios personales. El artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 establece que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las “medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
El grupo municipal de Izquierda Unida ha exigido la retirada de las placas dedicadas a Asensio Cabanillas y a García Alted en dos ocasiones. La primera, en 2005. La segunda, en el pleno del pasado 27 diciembre, cuando obtuvo del alcalde esta contestación: “Se está trabajando con la Dirección General para dar cumplimiento a la Ley de 2007. Hemos elaborado con el departamento de estadística un inventario de nuestras calles, vías y plazas y se ha remitido a la Dirección General. Estamos pendientes de recibir su respuesta, para que sea la Consejería, y no este ayuntamiento ni IU la que proponga la sustitución de calles cuyo nombre incumpla dicha normativa”. Luis Naranjo, Director General de la Memoria Histórica, explica que ha sido la Junta de Andalucía quien ha pedido el callejero a Nerja, igual que al resto de los municipios de la comunidad: “Eso no exime al Ayuntamiento de que elimine las placas, porque nosotros no podemos”. A falta de actuación municipal, el pasado 18 de julio el grupo Nerja Limpia de Símbolos Fascistas sustituyó las placas de la calle General Asensio Cabanillas por otras en las que se leía “Criminal Asensio Cabanillas”.
Naranjo admite que la redacción de la norma ha provocado interpretaciones diversas en los municipios a propósito de si las calles están incluidas en la ley estatal. Sin embargo, si una persona colaboró con el golpe de estado “no puede tener una calle”; y este caso, explica Naranjo, no ofrece dudas: “El argumento del ayuntamiento es un artilugio político. Hay falta de voluntad política”. Telesforo Romero, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Nerja, cree que el equipo de gobierno “echa balones fuera”. “No queremos polemizar, sino que se reconozca por igual los muertos de uno y otro bando”, explica.
Hace apenas una semana se conoció que Franco dejará de ser alcalde honorario de Barbate. No existe aún un listado oficial de elementos y símbolos franquistas que siguen en pie en Andalucía, pero a diferencia de la norma estatal, la ley de memoria histórica andaluza, cuyo proyecto ultima la Dirección General de Memoria Democrática, contempla sanciones económicas y la retirada de subvenciones por el incumplimiento de las obligaciones de retirar elementos que exalten el franquismo o la guerra civil. “Al final, lo que les afecta es que les toquen el bolsillo”, opina Romero.
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