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| Presos de un campo de concentración del franquismo en Sevilla. / Recuperando la Memoria Histórica |
La Junta remite a la Cámara una ley que abarca desde la II República a la Transición 1982
El País - Raúl Limón
- Sevilla
13 OCT 2015
La historia del franquismo y la represión llegará a las aulas andaluzas. El Gobierno autonómico ha remitido al Parlamento el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
—elaborado en la pasada legislatura, con el Gobierno del PSOE e IU—,
que incluye que esta forme parte del contenido obligatorio, pero no como
asignatura independiente evaluable, de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Educación Permanente de
personas adultas. La intención es educar de forma rigurosa "sobre los
acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil". También
se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas la
incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios.
Estas son algunos de los principales aspectos del proyecto de ley:
Definición. La norma define la memoria democrática
como "el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del
pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y
derecho a la reparación, como garantías de no repetición". En este
sentido, además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura
franquista y la transición a la democracia, la norma extiende el periodo
que regula hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía.
Víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados,
exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los
niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los
campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeadas
cada 14 de junio, será público.
Lugares y senderos. Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía,
que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia
vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de
1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía. Tendrán un grado de
protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene
que ser autorizada por la consejería con las competencias de Memoria
Democrática. Esta podrá impedir su derrumbe o modificación.
Símbolos. Se fija un plazo de 18 meses para la
retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles,
plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A
diferencia de la Ley Estatal, no se considerarán que concurren razones
artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la
dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares
históricos. De lo contrario, la Junta podrá efectuar la retirada
subsidiariamente.
Fosas. La Junta llevará a cabo las actuaciones
necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas
desaparecidas. El Plan Andaluz de Memoria Democrática priorizará las
medidas y actuaciones para la localización,
exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras
políticas. La localización, exhumación e identificación se incoará de
oficio por la Junta o por los Ayuntamientos, a instancias de familiares,
entidades memorialistas e investigadores. Si los enterramientos están
en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su
consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los
terrenos.
Infracciones y sanciones. Serán infracciones muy
graves la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros
restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas.
(sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el
incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas,
no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin
autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar
del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por
último, se considerarán infracciones leves la exhibición pública de
placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o
daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de
Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros). Las infracciones supondrán la
pérdida de subvenciones o ayudas públicas.
Pruebas genéticas. La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN.
Justicia. La Junta denunciará ante los órganos
judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa
humanidad en las localizaciones o identificaciones. También la
Consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete
Jurídico de la Junta en representación de la administración autonómica
en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante.
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