Málaga exige justicia y reparación

Pelotón de presos en La Aurora

Público 31/7/13 Matilde Eiroa
Profesora de Historia del Periodismo y de Métodos de Investigación en la Universidad Carlos III

Desde que en el otoño del 2006 comenzaron a abrirse las fosas con cadáveres de republicanos fusilados en el Cementerio de San Rafael (Málaga), se abrió un proceso muy complejo de identificación de los restos y de debates entre las asociaciones de memoria histórica, familiares de víctimas y responsables políticos para gestionar esta dramática situación cuyo inicio tuvo lugar a partir de 1937 y todavía no ha finalizado del todo. Después de años de conversaciones y no pocas discordancias políticas, parece que el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, el gobierno central y los ciudadanos directamente implicados, han coincidido en el levantamiento de un monumento en forma de pirámide que recuerde lo ocurrido y revele los nombres y apellidos de los ejecutados sin motivo y sin garantía jurídico-procesal alguna.

A pesar de que el asunto se ha prolongado excesivamente en el tiempo, hemos de felicitarnos por este resultado que puede servir de reflexión en torno a las dificultades que se plantean por aclarar la Verdad, aplicar la Justicia y Reparar, en la medida de lo posible, a las víctimas. Parece que la Verdad ha sido puesta de manifiesto por los historiadores desde la década de 1990 a pesar de que muchos ciudadanos no conozcan sus trabajos. Málaga, por ejemplo, fue una de las provincias pioneras en sacar a la luz nombres, cifras, razones y métodos de la represión, unos datos que ahora están siendo actualizados con la ayuda de nuevos archivos y los testimonios de los familiares y herederos que desde hace unos años se han decidido a hablar. Cuando se realizaron estos trabajos no existía el movimiento memorialístico ni asociación alguna que se ocupara ni preocupara por el asunto o que apoyara las investigaciones de los pocos historiadores que se lanzaron a la exploración de esta siniestra contabilidad. Poco a poco, sin embargo, se ha ido dibujando un paisaje muy completo de la violencia ejercida por los militares rebeldes. La Verdad es, pues, tan irrebatible que quien lo niegue sólo puede deberse a que sea ciego, a que tenga por costumbre calumniar o a que se trate de un ignorante.

La aplicación de la Justicia resulta, igualmente, tan razonable que sólo hay que acudir a la Historia para comprobar que los militares sublevados el 18 de julio de 1936 lo hicieron contra la legalidad constitucional. En consecuencia, las autoridades deben partir de esta consideración y anular los juicios, Consejos de Guerra y condenas por causas relacionadas con la Guerra Civil. Y derivada de una correcta diligencia de la Justicia viene la Reparación. Los familiares de las víctimas exigen, por un lado, la anulación de las condenas que equiparaban a sus antepasados con delincuentes comunes. Para ello es imprescindible un cambio legislativo que haga posible dicha reparación, la cual, en ningún caso, se pretende que sea económica. Aunque podría pretenderse, porque la dictadura franquista recompensó con muchos privilegios a los excombatientes de su ejército y a los excautivos del gobierno republicano con asignaciones de quioscos, estancos, porterías, cupos para oposiciones a la administración pública y un sinfín de parabienes en becas, reducciones de precios en los transportes, etc. Por otro, demandan políticas de memoria que informen y formen a los ciudadanos sobre el tratamiento que recibieron los vencidos de la Guerra durante las casi cuatro décadas de dictadura y los años de democracia.

Si en otros países, que han sufrido estas violencias extremas en épocas más recientes y con mayor número de muertos, ha sido viable alcanzar acuerdos para que estos hechos sean objeto de estudio de la Historia y no de la Política actual,  ¿por qué en España no es posible? ¿cuáles son las trabas que impiden que los represaliados republicanos descansen y dejen de formar parte de la actualidad mediática? Podríamos citar varias, como la herencia del denominado “consenso” practicado durante la transición política a la democracia así como la indiferencia y/o falta de voluntad política por hacer frente a esta cuestión tan incómoda. Sin embargo hemos de destacar el hecho de que muchos dirigentes de los gobiernos de la UCD y del PP son familiares y herederos de militares, ministros y políticos del franquismo, con implicaciones directas en la represión y en las ejecuciones de miles de republicanos. Y aunque sus hijos y/o nietos no tengan responsabilidad sobre los actos de sus antecesores, parece que no les gusta ver a sus parientes implicados en asuntos tan poco cristianos y piadosos como las represalias, las incautaciones de propiedades, el robo de niños de republicanos, las venganzas o las delaciones, por no hablar de aquellos que tengan en su árbol genealógico a quienes les gustaba tanto redactar sentencias con pena de muerte o incluso ejecutar sin pasar por un acto judicial.

Pero quisiera mencionar una traba mayor, casi intangible, que es el desconocimiento y la ignorancia. ¿Cuántos de nuestros políticos conocen el origen, gestación y desarrollo de la Guerra? ¿Son capaces de distinguir lo ocurrido en la Guerra y en la posguerra?  ¿Cuántos conocen el procedimiento de creación y establecimiento del sistema franquista? ¿Quiénes son conscientes de  sus consecuencias?

Desde estas páginas solo me queda sugerir, o tal vez mejor, reclamar a los políticos, los historiadores negacionistas, los personajillos del mundo editorial y mediático, los periodistas poco informados, y al público en general, que lean los numerosos libros que existen escritos con rigor y con documentos de la época. Solo así serán capaces de diferenciar la actitud seguida por los ejércitos y los civiles republicanos y franquistas, en qué épocas se desarrolló la violencia de ambos, cuándo y cómo se contuvo, de qué cifras estamos hablando, quiénes la rechazaron y quiénes la convirtieron en su sistema de gobierno. En sus páginas comprobarán que también se analiza la llamada “violencia roja”, es decir, las matanzas de Paracuellos —el principal reproche contra la izquierda republicana—, la existencia de checas o la violencia contra los religiosos, que, por cierto, en Málaga fue extrema. De esas investigaciones se han obtenido datos que permiten afirmar que las “hordas marxistas” practicaron dicha violencia durante el fatídico verano de 1936 y que posteriormente hubo pocos actos de este tipo. Paralelamente los documentos y los testigos confirman la existencia del terror franquista desde julio de 1936, y se sorprenderán cuando lean que el castigo perduró con el tiempo: el estado de guerra no fue derogado hasta abril de 1948; la Ley de Represión de Masonería y Comunismo de 1940 estuvo vigente hasta 1963 y la de Responsabilidades Políticas de 1939 hasta 1966. Las actuaciones que los militares sublevados denominaron “delitos” no prescribieron hasta 1966 y nunca hubo amnistía completa y real, aunque se produjeron varias liberaciones.

Esperemos que Málaga sea también pionera en el cierre razonable y justo de este episodio de nuestra Historia. Ya ha conseguido la Verdad, solo queda que la Justicia actúe y se produzca la Reparación.