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| San Rafael, Málaga |
- Es la primera vez que se comunica a la justicia evidencias de asesinatos de la Guerra Civil y que no sea por parte de asociaciones y o familiares de asesinados.
- Paul Preston celebra la iniciativa, y la magistrada Amaya Olivas apunta que los restos óseos de Granada y Málaga corresponden a "víctimas de genocidio".
eldiario.es - Juan Miguel Baquero
20/08/2013
La Junta de Andalucía abre el camino a la investigación
judicial de los crímenes del franquismo tras comunicar evidencias de
asesinatos colectivos halladas en fosas comunes de Cañete la Real
(Málaga), Víznar y Òrgiva (Granada). Insta a los jueces a que asuman
estas causas e inicien el protocolo de exhumaciones.
Se apoya para ello "en los protocolos y la jurisprudencia
internacional, como el Tribunal de Nuremberg, el de Derechos Humanos o
Naciones Unidas". Como es la primera vez que se toma esta
iniciativa, los juzgados en que los que recaigan los procesos se
encuentran ante una "oportunidad histórica".
Los
trabajos arqueológicos muestran restos óseos y de armas de fuego, con
cuerpos arrojados en habitáculos fúnebres ilegales y una disposición
aleatoria. En las comunicaciones –Juzgado de Guardia de Granada y
Partido Judicial de Antequera– esto son pruebas de la consumación de
episodios violentos. "Cuando hay evidencias de crímenes cometidos por un
poder público no pueden prescribir, son crímenes contra la humanidad", subraya el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. Hasta ahora, sólo familias de represaliados y asociaciones memorialistas interpusieron denuncias.
"Es una iniciativa de gran trascendencia", refiere Carlos Slepoy,
abogado de la Querella Argentina contra la dictadura franquista. "Sólo
resta que haya jueces que en cumplimiento de las normas internacionales
de derechos humanos y los tratados suscritos por España, abran el camino
de la investigación judicial ante esta oportunidad histórica", subraya.
Si lo hacen, puntualiza, otros "seguirán su ejemplo y se pondrá fin a
la impunidad del franquismo". El letrado sostiene que "todas las
instituciones tienen la obligación no sólo de apoyar a las víctimas y
sus familiares, sino de asumir como propio e intransferible el cultivo
de la memoria histórica".
Las diligencias de
investigación tras denuncia por desapariciones forzadas o detenciones
ilegales han de centrarse en la localización e identificación de restos
humanos y su exhumación. Este formulismo, aún no aplicado en España,
requiere de la colaboración multidisciplinar y la actuación coordinada
de las "fuerzas judiciales (juez, fiscal y policía judicial) junto a
antropólogos y médicos forenses", explica la magistrada en Barcelona,
miembro de Jueces por la Democracia y autora del Modelo para el protocolo de exhumaciones, Amaya Olivas.
Contra la impunidad
La preservación del material óseo, con la cadena de custodia, permite
que llegue "en las mejores condiciones al laboratorio criminal para las
pruebas de ADN" que se confrontan con las realizadas a familiares de la
víctima. Andalucía ha puesto en marcha con su denuncia "la legislación procesal criminal española" ante la aparición de "restos de víctimas de dictaduras y genocidios", incide.
"¿Mi opinión? Por supuesto celebro esta iniciativa de la Junta de Andalucía", confiesa el historiador Paul Preston, autor de obras como El holocausto español. El hispanista percibe, no obstante, una traba: "Desde luego, hasta que no se derribe la Ley de Amnistía no podrá progresar la iniciativa,
fue precisamente por esto que fracasó la de (Baltasar) Garzón",
apartado finalmente de la carrera judicial por ordenar escuchas en la
trama Gürtel. Cuenta Carlos Slepoy que en los procesos de transición de
una dictadura a una democracia "suelen" pactarse mecanismos de "olvido e
impunidad" y, como consecuencia, "perviven estructuras y funcionarios
del régimen anterior". Una situación "reversible" mediante "un potente
movimiento social" e instituciones "sensibles a sus reclamos".
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