Contra la masacre imperialista que está teniendo lugar al este de Ucrania y la franja de Gaza en Palestina. Tolerancia cero contra el sionismo y el fascismo.
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martes, 15 de julio de 2014
martes, 6 de mayo de 2014
Concentración ante el Consulado de Ucrania en Málaga
Ante los ocurrido en Odesa y el sureste de Ucrania, y la casi nula movilización solidaria en el estado español de la vergonzosa izquierda y los "antifascistas", mientras los fascistas asesinan y queman viva la gente. Yo he decidido plantarme delante del Consulado de Ucrania, c/ Maestranza nº 23, cerca del puerto de Málaga, el 9 de mayo, día de la Victoria sobre el fascismo. Iré con una vela y claveles rojos comprados en la Alameda y quien quiera venir mejor.
Animo a todos a hacer lo mismo,
¡No pasarán!
domingo, 30 de marzo de 2014
El bipartito reclamará al Estado la anulación de las sentencias franquistas
Andalucía Crítica / EP 29/03/2014
La Junta de Andalucía va a iniciar un proceso para reclamar al Gobierno central la anulación de los juicios sumarísimos y las sentencias dictadas por el régimen del dictador Francisco Franco, comenzando con la emitida contra el padre de la patria andaluza, Blas Infante, que cuatro años después de ser fusilado, fue condenado a muerte por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que impuso además a sus herederos una multa económica.
En declaraciones a los periodistas en Granada, antes de inaugurar una jornada de debate sobre el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha señalado que la intención del Gobierno andaluz no es retrotraer las sentencias o recuperar bienes patrimoniales sino simplemente recuperar "la dignidad y la justicia".
Aunque el Gobierno andaluz no tiene aún el dato concreto de cuántas resoluciones podrían ser anuladas sí que estima que serán "miles", y se basa en la justicia internacional, tanto en lo establecido por las Naciones Unidas como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para avalar esta petición.
Además, según ha recordado Valderas, el propio anteproyecto de ley de memoria democrática ya plantea pedir al Estado esa anulación de sentencias "que se produjeron tan injustamente". Así, se hará un "trabajo político" desde la Consejería que él mismo preside y desde la Dirección General de Memoria Democrática, para lo que ya se están analizando las "vías de solicitud", que podrían partir tanto del Gobierno andaluz como de la Cámara Autonómica.
Valderas, que además ha apostado por señalizar todos los lugares relacionados con la memoria histórica de Andalucía, ha pedido que el Gobierno de España "se tome en serio este tema con la solvencia que corresponde", y que lo haga "si es posible" antes de que la propia ley "esté en valor". "Nosotros queremos incluso ir por delante de lo que son los tiempos legislativos, debería haber estado ese tema solucionado desde hace bastante tiempo", ha considerado.
Por otro lado, ha estimado que la ley impulsada por el Gobierno andaluz en materia de memoria es una ley de "vanguardia" y ha abogado por convertirla en "patrimonio" de todos los andaluces, para lo que, según ha dicho, es necesario que todos participen de "abajo arriba".
Por ello ha defendido las jornadas de debate como las celebradas este sábado en Granada que permitirán, en su opinión, que cuando la ley llegue al Parlamento para su aprobación definitiva, su texto llegará "mejorado". "Es una ley que se pone en la parte más avanzada del movimiento memorialista y del tema de recuperación de memoria democrática del pueblo español y andaluz y de todas las leyes del conjunto del Estado", ha indicado.
Además, esta nueva norma significará que el Gobierno, PSOE e IU, "cumple" con su programa político planteado desde el punto de vista legislativo, que incluye otras leyes impulsadas desde la Consejería que dirige Valderas, como la ley en defensa de los consumidores, la ley de concertación local y "ya mismo" la de participación ciudadana, lo que convierte a su departamento en el que más proyectos de ley ha impulsado.
El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, también ha defendido las jornadas de debate en torno al anteproyecto de ley de memoria, porque suponen un "paso más" en la "socialización" de la norma, que precisamente nació "del debate con las asociaciones y foros memorialistas".
En declaraciones a los periodistas en Granada, antes de inaugurar una jornada de debate sobre el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha señalado que la intención del Gobierno andaluz no es retrotraer las sentencias o recuperar bienes patrimoniales sino simplemente recuperar "la dignidad y la justicia".
Aunque el Gobierno andaluz no tiene aún el dato concreto de cuántas resoluciones podrían ser anuladas sí que estima que serán "miles", y se basa en la justicia internacional, tanto en lo establecido por las Naciones Unidas como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para avalar esta petición.
Además, según ha recordado Valderas, el propio anteproyecto de ley de memoria democrática ya plantea pedir al Estado esa anulación de sentencias "que se produjeron tan injustamente". Así, se hará un "trabajo político" desde la Consejería que él mismo preside y desde la Dirección General de Memoria Democrática, para lo que ya se están analizando las "vías de solicitud", que podrían partir tanto del Gobierno andaluz como de la Cámara Autonómica.
Valderas, que además ha apostado por señalizar todos los lugares relacionados con la memoria histórica de Andalucía, ha pedido que el Gobierno de España "se tome en serio este tema con la solvencia que corresponde", y que lo haga "si es posible" antes de que la propia ley "esté en valor". "Nosotros queremos incluso ir por delante de lo que son los tiempos legislativos, debería haber estado ese tema solucionado desde hace bastante tiempo", ha considerado.
Por otro lado, ha estimado que la ley impulsada por el Gobierno andaluz en materia de memoria es una ley de "vanguardia" y ha abogado por convertirla en "patrimonio" de todos los andaluces, para lo que, según ha dicho, es necesario que todos participen de "abajo arriba".
Por ello ha defendido las jornadas de debate como las celebradas este sábado en Granada que permitirán, en su opinión, que cuando la ley llegue al Parlamento para su aprobación definitiva, su texto llegará "mejorado". "Es una ley que se pone en la parte más avanzada del movimiento memorialista y del tema de recuperación de memoria democrática del pueblo español y andaluz y de todas las leyes del conjunto del Estado", ha indicado.
Además, esta nueva norma significará que el Gobierno, PSOE e IU, "cumple" con su programa político planteado desde el punto de vista legislativo, que incluye otras leyes impulsadas desde la Consejería que dirige Valderas, como la ley en defensa de los consumidores, la ley de concertación local y "ya mismo" la de participación ciudadana, lo que convierte a su departamento en el que más proyectos de ley ha impulsado.
El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, también ha defendido las jornadas de debate en torno al anteproyecto de ley de memoria, porque suponen un "paso más" en la "socialización" de la norma, que precisamente nació "del debate con las asociaciones y foros memorialistas".
miércoles, 18 de septiembre de 2013
La verdad oculta de la represión en Málaga
 |
| Exhumación en el cementerio de San Rafael en Málaga |
Documentos judiciales y consulares inéditos localizados por Francisco Espinosa demuestran que la víctimas del periodo excedieron de largo las cifras oficiales
La Opinión de Málaga - Lucas Martín
06.09.2013
Fue en los años cuarenta. Cuando los cañones todavía humeaban. En los
juzgados, donde aún se tramitaba la pena última, algunos funcionarios
del régimen intentaban armar el rompecabezas legal dejado por la
represión de los primeros meses posteriores a la guerra. Por celo
profesional y también por la sospecha, cada vez más esclarecida, de que
se había actuado con una heterodoxia intolerable, cercana al desacato.
Cientos de ejecuciones llevadas acabo sin sentencia y sin la
autorización gubernativa, todas ellas procedentes de Málaga, lo que
alimenta la teoría, tan común entre los historiadores, de que el periodo
resultó en la ciudad mucho más macabro de lo que se presume en las
fuentes oficiales.
Hasta el momento había indicios. Jirones de evidencias y testimonios que hablaban de un montante de muertos muy superior a las referencias obtenidas en los archivos civiles y militares. Incluso, por encima del índice más detallado, el de Francisco Espinosa, quien con motivo de las exhumaciones en el cementerio de San Rafael, extrajo de los caóticos fondos documentales los nombres y apellidos de más de 4.400 fusilados. Es el propio Espinosa, quien se sumergió a diario y durante más de una década con los legajos, el que ahora, en el curso de sus estudios pioneros, aporta las pruebas científicas que acreditan efectivamente que la barbarie fue todavía más bárbara, con un volumen de víctimas entre 1937 y 1944 que la diplomacia británica y estadounidense de la época cifraba en 16.952 personas.
La inferencia de Espinosa, lejos de dar alas a ningún tipo de especulación, se fundamenta en documentos de los de timbre de circulación interna. Comunicaciones salidas de las entrañas del sistema de justicia de los propios represores, además de la correspondencia entre cónsules y embajadores. El primero de ellos, que pone sobre la pista de la arbitrariedad de los asesinatos, es un texto del 23 de julio de 1941 firmado por el general jefe de la 23 división del Estado Mayor en el que se ordena la presentación de todas las diligencias acerca de tres reos, Tomás Ruiz de la Herranz Jiménez, Tomás Ruiz de la Herranz Baras y Juan Arrabal Mate, condenados a muerte en Málaga. En un tono manifiestamente contrariado, el general exige los certificados de defunción «y un informe motivado de las razones por las que fueron ejecutados sin esperar el Enterado de la superioridad y el porqué no se dio constancia de dichas ejecuciones».
La anomalía, especialmente en lo que respecta al Enterado, que era el sello de conformidad de la autoridad de los superiores militares, se repite en otra carta, esta vez del asesor jurídico de la auditoría general de Málaga, suscrita ese mismo verano, el del 41. En esta respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, el responsable del servicio de justicia da cuenta de la brutalidad aniquiladora de los meses posteriores al conflicto, en los que se acabó por prescindir de cualquier tipo de legalismo, incluida la consignación del nombre de las víctimas.
El asesor llega a esta conclusión después de interesarse a petición del Estado Mayor por el destino de tres hombres cuya sentencia de muerte, aprobada en abril de 1937, fue aplazada por su condición de amancebados. A los acusados Gabriel Marín Valenzuela, Juan Ruiz Quero y Cristóbal Jiménez Gallardo, que formaban parte de un mismo expediente junto a otros seis detenidos, todos ellos fusilados, se les concedió una moratoria para que pudieran casarse. Sin embargo, posteriormente, no se encontró ningún documento ni ninguna petición de conformidad que completaran la causa. Un sistema que se repetía, según pudo comprobar, en muchos otros casos, con independencia de las circunstancias.
La reflexión del alto funcionario es espeluznante: «....en los meses que siguieron a la liberación de Málaga, y obedeciendo sin duda instrucciones u órdenes recibidas en tal sentido, al ejecutarse las penas de muerte no se consignaba en los autos más que una simple diligencia de notificación, sin consignar el número ni los nombres de los condenados, según puede observarse en cuantas diligencias de esta clase obran en los procedimientos tramitados, idénticas las diligencias que obran en estos autos y las que se extendían en la mayoría de los procedimientos y sin que el nombre de los ejecutados apareciera».
El documento alude en este sentido a un enjambre de cárceles provisionales extendido por toda la ciudad y a un trámite en los procesos de fusilamiento en el que la única referencia era una comunicación escueta a Sevilla y Salamanca. «Se llamaba por teléfono y simplemente se les decía el número de ejecutados», señala Espinosa.
La falta de registro de las ejecuciones, que condena al olvido a miles de crímenes cometidos en la provincia, es paradójicamente la expresión fedataria del alcance de la masacre. Y, sobre todo, de la carencia de recursos que permitan acercarse a sus magnitudes reales. La más aproximada quizá es la que reseña el cónsul de Estados Unidos, Harold B. Quarton, quien en 1944, le escribe al embajador de su país en Madrid, Carlton H. Hayes, para notificarle las cifras de la represión que manejaba su colega del cuerpo diplomático británico Robert G. Goldie. En esta carta, localizada también por el investigador Francisco Espinosa y consultada por este periódico, los cónsules se hacen eco de las cifras oficiales hasta la primera semana de agosto, en la que los nacionales, aclara, acribillaron a 3.500 personas y las milicias a 1.050, la mayoría bajo el gobierno republicano. A estos números, añade la ejecución de hasta 28 personas en el mes de agosto de 1944, con un seguimiento nombre a nombre extraído de los registros de las prisiones provinciales. Y un cálculo global procedente del propio Goldie, que basándose en los encarcelamientos y la desapariciones finiquita el periodo posterior a la guerra (1937-1944) con un balance siniestro: 16.952 víctimas de los represores.
El cónsul americano aclara que todos estas ejecuciones pertenecen a las represalias, que no a la contienda, y sitúa el volumen más verosímil en alrededor de 20.000 personas. El 10 por ciento de la población total de la ciudad. Un castigo feraz, asombrosamente cruento y con sombras silenciadas durante más de cincuenta años.
Hasta el momento había indicios. Jirones de evidencias y testimonios que hablaban de un montante de muertos muy superior a las referencias obtenidas en los archivos civiles y militares. Incluso, por encima del índice más detallado, el de Francisco Espinosa, quien con motivo de las exhumaciones en el cementerio de San Rafael, extrajo de los caóticos fondos documentales los nombres y apellidos de más de 4.400 fusilados. Es el propio Espinosa, quien se sumergió a diario y durante más de una década con los legajos, el que ahora, en el curso de sus estudios pioneros, aporta las pruebas científicas que acreditan efectivamente que la barbarie fue todavía más bárbara, con un volumen de víctimas entre 1937 y 1944 que la diplomacia británica y estadounidense de la época cifraba en 16.952 personas.
La inferencia de Espinosa, lejos de dar alas a ningún tipo de especulación, se fundamenta en documentos de los de timbre de circulación interna. Comunicaciones salidas de las entrañas del sistema de justicia de los propios represores, además de la correspondencia entre cónsules y embajadores. El primero de ellos, que pone sobre la pista de la arbitrariedad de los asesinatos, es un texto del 23 de julio de 1941 firmado por el general jefe de la 23 división del Estado Mayor en el que se ordena la presentación de todas las diligencias acerca de tres reos, Tomás Ruiz de la Herranz Jiménez, Tomás Ruiz de la Herranz Baras y Juan Arrabal Mate, condenados a muerte en Málaga. En un tono manifiestamente contrariado, el general exige los certificados de defunción «y un informe motivado de las razones por las que fueron ejecutados sin esperar el Enterado de la superioridad y el porqué no se dio constancia de dichas ejecuciones».
La anomalía, especialmente en lo que respecta al Enterado, que era el sello de conformidad de la autoridad de los superiores militares, se repite en otra carta, esta vez del asesor jurídico de la auditoría general de Málaga, suscrita ese mismo verano, el del 41. En esta respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, el responsable del servicio de justicia da cuenta de la brutalidad aniquiladora de los meses posteriores al conflicto, en los que se acabó por prescindir de cualquier tipo de legalismo, incluida la consignación del nombre de las víctimas.
El asesor llega a esta conclusión después de interesarse a petición del Estado Mayor por el destino de tres hombres cuya sentencia de muerte, aprobada en abril de 1937, fue aplazada por su condición de amancebados. A los acusados Gabriel Marín Valenzuela, Juan Ruiz Quero y Cristóbal Jiménez Gallardo, que formaban parte de un mismo expediente junto a otros seis detenidos, todos ellos fusilados, se les concedió una moratoria para que pudieran casarse. Sin embargo, posteriormente, no se encontró ningún documento ni ninguna petición de conformidad que completaran la causa. Un sistema que se repetía, según pudo comprobar, en muchos otros casos, con independencia de las circunstancias.
La reflexión del alto funcionario es espeluznante: «....en los meses que siguieron a la liberación de Málaga, y obedeciendo sin duda instrucciones u órdenes recibidas en tal sentido, al ejecutarse las penas de muerte no se consignaba en los autos más que una simple diligencia de notificación, sin consignar el número ni los nombres de los condenados, según puede observarse en cuantas diligencias de esta clase obran en los procedimientos tramitados, idénticas las diligencias que obran en estos autos y las que se extendían en la mayoría de los procedimientos y sin que el nombre de los ejecutados apareciera».
El documento alude en este sentido a un enjambre de cárceles provisionales extendido por toda la ciudad y a un trámite en los procesos de fusilamiento en el que la única referencia era una comunicación escueta a Sevilla y Salamanca. «Se llamaba por teléfono y simplemente se les decía el número de ejecutados», señala Espinosa.
La falta de registro de las ejecuciones, que condena al olvido a miles de crímenes cometidos en la provincia, es paradójicamente la expresión fedataria del alcance de la masacre. Y, sobre todo, de la carencia de recursos que permitan acercarse a sus magnitudes reales. La más aproximada quizá es la que reseña el cónsul de Estados Unidos, Harold B. Quarton, quien en 1944, le escribe al embajador de su país en Madrid, Carlton H. Hayes, para notificarle las cifras de la represión que manejaba su colega del cuerpo diplomático británico Robert G. Goldie. En esta carta, localizada también por el investigador Francisco Espinosa y consultada por este periódico, los cónsules se hacen eco de las cifras oficiales hasta la primera semana de agosto, en la que los nacionales, aclara, acribillaron a 3.500 personas y las milicias a 1.050, la mayoría bajo el gobierno republicano. A estos números, añade la ejecución de hasta 28 personas en el mes de agosto de 1944, con un seguimiento nombre a nombre extraído de los registros de las prisiones provinciales. Y un cálculo global procedente del propio Goldie, que basándose en los encarcelamientos y la desapariciones finiquita el periodo posterior a la guerra (1937-1944) con un balance siniestro: 16.952 víctimas de los represores.
El cónsul americano aclara que todos estas ejecuciones pertenecen a las represalias, que no a la contienda, y sitúa el volumen más verosímil en alrededor de 20.000 personas. El 10 por ciento de la población total de la ciudad. Un castigo feraz, asombrosamente cruento y con sombras silenciadas durante más de cincuenta años.
miércoles, 21 de agosto de 2013
Andalucía abre el camino a la investigación judicial de los crímenes del franquismo
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| San Rafael, Málaga |
- Es la primera vez que se comunica a la justicia evidencias de asesinatos de la Guerra Civil y que no sea por parte de asociaciones y o familiares de asesinados.
- Paul Preston celebra la iniciativa, y la magistrada Amaya Olivas apunta que los restos óseos de Granada y Málaga corresponden a "víctimas de genocidio".
eldiario.es - Juan Miguel Baquero
20/08/2013
La Junta de Andalucía abre el camino a la investigación
judicial de los crímenes del franquismo tras comunicar evidencias de
asesinatos colectivos halladas en fosas comunes de Cañete la Real
(Málaga), Víznar y Òrgiva (Granada). Insta a los jueces a que asuman
estas causas e inicien el protocolo de exhumaciones.
Se apoya para ello "en los protocolos y la jurisprudencia
internacional, como el Tribunal de Nuremberg, el de Derechos Humanos o
Naciones Unidas". Como es la primera vez que se toma esta
iniciativa, los juzgados en que los que recaigan los procesos se
encuentran ante una "oportunidad histórica".
Los
trabajos arqueológicos muestran restos óseos y de armas de fuego, con
cuerpos arrojados en habitáculos fúnebres ilegales y una disposición
aleatoria. En las comunicaciones –Juzgado de Guardia de Granada y
Partido Judicial de Antequera– esto son pruebas de la consumación de
episodios violentos. "Cuando hay evidencias de crímenes cometidos por un
poder público no pueden prescribir, son crímenes contra la humanidad", subraya el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. Hasta ahora, sólo familias de represaliados y asociaciones memorialistas interpusieron denuncias.
"Es una iniciativa de gran trascendencia", refiere Carlos Slepoy,
abogado de la Querella Argentina contra la dictadura franquista. "Sólo
resta que haya jueces que en cumplimiento de las normas internacionales
de derechos humanos y los tratados suscritos por España, abran el camino
de la investigación judicial ante esta oportunidad histórica", subraya.
Si lo hacen, puntualiza, otros "seguirán su ejemplo y se pondrá fin a
la impunidad del franquismo". El letrado sostiene que "todas las
instituciones tienen la obligación no sólo de apoyar a las víctimas y
sus familiares, sino de asumir como propio e intransferible el cultivo
de la memoria histórica".
Las diligencias de
investigación tras denuncia por desapariciones forzadas o detenciones
ilegales han de centrarse en la localización e identificación de restos
humanos y su exhumación. Este formulismo, aún no aplicado en España,
requiere de la colaboración multidisciplinar y la actuación coordinada
de las "fuerzas judiciales (juez, fiscal y policía judicial) junto a
antropólogos y médicos forenses", explica la magistrada en Barcelona,
miembro de Jueces por la Democracia y autora del Modelo para el protocolo de exhumaciones, Amaya Olivas.
Contra la impunidad
La preservación del material óseo, con la cadena de custodia, permite
que llegue "en las mejores condiciones al laboratorio criminal para las
pruebas de ADN" que se confrontan con las realizadas a familiares de la
víctima. Andalucía ha puesto en marcha con su denuncia "la legislación procesal criminal española" ante la aparición de "restos de víctimas de dictaduras y genocidios", incide.
"¿Mi opinión? Por supuesto celebro esta iniciativa de la Junta de Andalucía", confiesa el historiador Paul Preston, autor de obras como El holocausto español. El hispanista percibe, no obstante, una traba: "Desde luego, hasta que no se derribe la Ley de Amnistía no podrá progresar la iniciativa,
fue precisamente por esto que fracasó la de (Baltasar) Garzón",
apartado finalmente de la carrera judicial por ordenar escuchas en la
trama Gürtel. Cuenta Carlos Slepoy que en los procesos de transición de
una dictadura a una democracia "suelen" pactarse mecanismos de "olvido e
impunidad" y, como consecuencia, "perviven estructuras y funcionarios
del régimen anterior". Una situación "reversible" mediante "un potente
movimiento social" e instituciones "sensibles a sus reclamos".
miércoles, 27 de junio de 2012
III Convocatoria Social de IULV CA
Sábado 30 de junio, 10:00h. - 19:00h.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga
En la mesa estará presente Luis Naranjo, nombrado recientemente Director General de Memoria Democrática.
La jornada de trabajo de la III Asamblea de Convocatoria Social, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, será abierta por el portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, y el senador y secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, mientras que la clausura correrá a cargo del coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.
miércoles, 26 de octubre de 2011
Prorrogado el plazo de preinscripción para el Seminario Internacional "Archivos y Derechos Humanos"
Junta de Andalucia / Consejería de Cultura
Una vez cerrado el plazo de preinscripción, las personas interesadas podrán formalizar su inscripción para el Seminario Internacional "Archivos y Derechos Humanos" hasta el día 4 de noviembre o hasta que se complete el aforo disponible.
24/10/2011
La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Málaga y el Consejo Internacional de Archivos, y con el patrocinio del diario Málaga Hoy, organiza el Seminario Internacional Archivos y Derechos Humanos, que tendrá lugar en el salón del actos del Rectorado de la Universidad de Málaga del 14 al 16 de noviembre.
Durante esos tres días, personas expertas internacionales del ámbito de la Judicatura, la Universidad, los Derechos Humanos, la Historiografía, la Memoria Histórica y, especialmente de los Archivos, analizarán y debatirán el papel esencial que desde el siglo XX han cobrado estas instituciones no sólo como garantes de derechos y deberes ciudadanos, sino también como piezas esenciales en la defensa y restitución de derechos humanos y en la recuperación de su memoria a lo largo y ancho del planeta. El seminario será complementado, además, con la exposición “Justicia documentada”, comisariada por el Archivo Histórico Provincial de Málaga.
Una vez cerrado el período de preinscripción, publicamos el listado de personas admitidas, que podrán formalizar la inscripción mediante el abono de una tasa de 20 euros en la siguiente cuenta corriente:
Titular: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES, Nº C.C.: 0182 5566 72 0201507096
Entidad bancaria: BBVA
Indicar como concepto: APELLIDOS, NOMBRE (alumno/a)/ARCH. Y DERECHOS HUMANOS
Se remitirá comprobante escaneado del ingreso o resguardo electrónico de la transferencia a
archivos.dglab.ccul@juntadeandalucia.es
archivos.dglab.ccul@juntadeandalucia.es
A partir del 17 de octubre y hasta el 4 de noviembre, el resto de personas no preinscritas que deseen participar, podrán hacerlo solicitando la preinscripción a
archivos.dglab.ccul@juntadeandalucia.es
y serán informadas de modo particular e inmediato de la disponibilidad de plazas, para que, en su caso, puedan formalizar la inscripción mediante el pago de la correspondiente tasa.
archivos.dglab.ccul@juntadeandalucia.es
y serán informadas de modo particular e inmediato de la disponibilidad de plazas, para que, en su caso, puedan formalizar la inscripción mediante el pago de la correspondiente tasa.
Archivos adjuntos:
domingo, 10 de abril de 2011
Conferéncia: Derechos Humanos y Jurisdicción Universal
DERECHOS HUMANOS Y JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Miercoles 13 de abril a las 20,00h.
Salon de Actos del Ateneo Republicano de Málaga
C/Compañía, nº 2
C.P. 29008
Ponentes:
-Baltasar Garzón Real. Magistrado español asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
-Dolores Delgado García. Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Presentan:
-Diego Rodríguez Vargas, Presidente del Ateneo
-María Gámez Gámez, Delegada del Gobierno Andaluz en Málaga.
Organiza: Maribel Roldán Cruz, Vicepresidenta del Ateneo de Málaga y Vocal de Asuntos Jurídicos.
martes, 20 de abril de 2010
Manifiesto de Málaga en apoyo al Juez Garzón y a favor de la justicia basada en la defensa de los DDHH
El juez Baltasar Garzón ha ejercido la justicia de forma incansable y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometido, tanto en España como en el mundo, en la defensa de los derechos humanos y en la persecución tenaz de todos aquellos enemigos de la democracia en su sentido más perverso: dictadores, terroristas, corruptos, narcotraficantes y redes mafiosas.
En esa línea, el juez Baltasar Garzón ha sido, asimismo, uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal.
Sin embargo, este juez está siendo víctima de una campaña de persecución política promovida por sectores de la extrema derecha, como Falange Española y Manos Limpias, y por cuantos están detrás de la trama corrupta del Gürtel, con la sorprendente, y aberrante, connivencia de algunos sectores judiciales que aún no han alcanzado su transición democrática.
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad, en caso de consumarse, un juicio sumario contra los defensores de la Democracia:
- Porque Falange Española y Manos Limpias son autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra el orden constitucional republicano y contra cuantas personas lo defendieron y sufrieron con sus propias vidas y bienes.
- Porque de igual forma, estas dos organizaciones fascistas, firmes partidarias de retornar a un sistema totalitario, consiguiendo sentar en el banquillo de los acusados al juez Baltasar Garzón, respetuoso con el orden constitucional que los españoles nos hemos dotados, nos está sentando en el mismo lugar a toda la ciudadanía malagueña, andaluza y española partidaria de la democracia.
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad, en caso de consumarse, un juicio sumario contra el intento de investigar y juzgar a la delincuencia política o económica:
- Porque encontrarían los implicados en el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción política habido desde que se inició nuestra actual etapa democrática, el caldo de cultivo idóneo para solicitar la nulidad de todo lo instruido, y la impunidad de sus fechorías, así como la de otros procedimientos contra la corrupción política en los que el juez Garzón haya formado parte en la instrucción.
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad, en caso de consumarse, un juicio sumario contra los defensores de la Justicia:
- Porque, ¿cómo podríamos seguir hablando de justicia democrática a partir de que el primer condenado por las gravísimas tropelías que hizo el franquismo puede ser el propio juez Garzón por pretender cerrar, con dignidad y resarcimiento a las víctimas, esa página execrable de nuestra historia?
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad, en caso de consumarse, un juicio sumario contra los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional:
- Porque sería el reconocimiento de que nuestro Estado social y democrático de derecho es incapaz de acatar los compromisos derivados de las firmas de Tratados Internacionales que obligan a investigar y a juzgar los crímenes lesa humanidad. En este sentido, tenemos que recordar que ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.
- Porque sería el reconocimiento de que nuestro Estado social y democrático de derecho, que fue capaz de procesar al dictador Pinochet, es ahora incapaz de juzgar su propia dictadura franquista. Y además, una clara advertencia para que quien lo intente será juzgado y condenado por ello.
Alertamos de que una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra: el Tribunal Supremo del Reino de España, contra su Consejo General del Poder Judicial; en resumidas cuentas contra el Estado democrático español, que es lo que en última instancia persiguen los partidarios de la acusación de extrema derecha, personada y admitida en el procedimiento, para deterioro de nuestro sistema de convivencia pacífica sustentado en la libertad, la tolerancia y la pluralidad.
El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme con el Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo.Por ello, haciéndonos eco del sentir mayoritario del deseo de la ciudadanía malagueña de vivir en libertad, con una justicia democrática al servicio del interés general:
- Pedimos al poder judicial el inmediato archivo de los procedimientos incoados al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, así como que por el poder ejecutivo y legislativo de la soberanía popular se tomen las reformas normativas que correspondan para que estos hechos más que lamentables no vuelvan a repetirse en nuestro Estado de Derecho.
¡¡¡VIVA LA JUSTICIA DEMOCRÁTICA !!!
¡¡¡ VIVAN LOS DERECHOS HUMANOS!!!
¡¡¡ MÁLAGA CON EL JUEZ GARZÓN !!!
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MÁLAGA, LA PRIMERA EN EL PELIGRO DE LA LIBERTAD, A LAS 20 HORAS DEL 20 ABRIL DEL 2010.
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