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| En el centro Francisco Pimentel durante su huelga de hambre en el cementerio de Ronda |
La Junta de Andalucia quiere exhumar en solitario a los fusilados en Ronda (Málaga). Las familias exigen participar
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de exhumaciones administrativas de las fosas de la Guerra Civil. El Gobierno autonómico asume la dirección e impone su método en las aperturas, sin garantizar pruebas de ADN, con presupuesto recortado y dejando... al margen a las familias de los fusilados. La próxima exhumación de la fosa del cementerio de San Lorenzo, en Ronda (Málaga) –que alberga entre 1.700 y 3.000 republicanos asesinados–, se le ha atravesado a las familias, que habían solicitado una subvención para acometer su propio proyecto. En otros puntos de Andalucía asociaciones de familiares también protestan por razones similares.
Interviú • Ana María Pascual 30/12/14
La fosa común del cementerio de San Lorenzo, en Ronda (Málaga), donde yacen desde hace 77 años entre 1.700 y 3.000 personas fusiladas por las fuerzas franquistas, recuerda a un altar, encalado y lleno de flores y de velas; una especie de santuario que las viudas, los hijos y los nietos de los asesinados han cuidado y donde, en voz baja, prometieron un día a sus muertos que los sacarían de allí.
En esa misión han puesto todo su empeño. Unos 150 familiares pertenecen a la Asociación Memoria Histórica de Ronda. Algunos se han preparado durante los últimos ocho años para afrontar un proyecto de recuperación e identificación de los restos; han buscado en los archivos documentación sobre las ejecuciones, han presenciado decenas de exhumaciones, han estudiado leyes y han localizado a un centenar de testigos de la represión.
El trabajo de la asociación, por fin, daba frutos el año pasado, cuando hizo unas catas para analizar la profundidad y características de la fosa, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. Hoy, la entidad es una de las asociaciones de Memoria en guerra con el Gobierno autonómico. En otros puntos de Andalucía, como Castro del Río (Córdoba) o la ciudad de Málaga, familiares de represaliados critican a la Junta por haber permitido que con dinero público se realizaran exhumaciones deficientes.
Cuando las familias de Ronda solicitaron de nuevo, en septiembre de 2013, dinero para acometer la anhelada exhumación, se les argumentó que no había presupuesto. Pero un mes después, la Junta comunicaba al Ayuntamiento de Ronda que iba a abrir por su cuenta la fosa; una decisión que se puso sobre el papel un año después, el pasado 7 de octubre, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta. La Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), adscrita a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Izquierda Unida, anunciaba así una de las primeras exhumaciones de oficio que va a hacer el Gobierno andaluz.
La medida ha generado indignación entre las familias, que consideran que los restos les pertenecen y, por tanto, deben formar parte de su proyecto de recuperación.
La defensa de la fosa común de Ronda, ciudad en la que los bombardeos fascistas causaron una masacre en septiembre de 1936, ha marcado la historia de los represaliados en esta localidad. A mediados de los cincuenta, un edil rondeño ordenó cubrir la fosa con cemento por razones de “higiene pública”. El motivo que trascendió en el municipio fue otro bien distinto: impedir que los restos fueran trasladados al Valle de los Caídos, como había ordenado el dictador. Quedan vecinos que recuerdan el episodio. Francisco Pimentel, de 70 años, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Ronda, cuyo abuelo yace en la fosa, vio el boquete que hicieron para sacar los esqueletos. “Se veían los huesos. Para mí, que era un crío, fue traumático. Un grupo de mujeres se arremolinó frente a la fosa para impedir a los operarios que sacaran de allí a sus seres queridos. La Guardia Civil acudió; dispararon al aire para disolver a las mujeres. Poco después se colocó la losa de cemento. El concejal debía tener una humanidad atípica: protegió los restos e impidió que fueran mancillados”.
“Las familias investigamos y tenemos proyecto. La Junta solo quiere hacerse la foto”, dice Pimentel
Las familias de los fusilados están dispuestas a volver a defender “sus huesos”. Once días estuvo Francisco Pimentel en huelga de hambre, en noviembre pasado, apostado junto al muro de los fusilamientos del cementerio, para protestar por la decisión de la Junta. “Claro que queremos que se exhume a nuestros familiares, es el objetivo de la asociación.
Pero no entendemos el afán de la Junta y de su director general de dejarnos fuera, de no contar con nosotros, que somos los que hemos investigado, los que tenemos un proyecto para la fosa y para nuestros antepasados. Ellos no tienen proyecto, se trata de sacar huesos y hacerse la foto electoral”, denuncia Pimentel, que dejó la huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática, para la creación de un comité de coordinación para la exhumación, formado por la Junta, el Ayuntamiento de Ronda, la asociación de familiares, el PSOE, el PP, IU y el Partido Andalucista.
Restos en cajas de cartón
La primera reunión de ese comité, el pasado 15 de diciembre, fue un fiasco. “Vinieron dispuestos a imponer su fuerza institucional sobre la razón de nuestros sentimientos”, declara Pimentel. Según Luis Naranjo, lo que empuja a la Junta es solo la legalidad: “Desde 2013, siguiendo las recomendaciones de la ONU en materia de exhumaciones, es el Estado el que debe tener la iniciativa y la ejecución en ese terreno. La cuestión técnica nos corresponde a nosotros, para garantizar que la exhumación se haga con todas las garantías. La investigación histórica y los reconocimientos sociales les corresponden a los familiares, que son la columna vertebral de la Memoria Histórica”, expone Naranjo.
Antes de que le nombraran director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo fue vicepresidente en 2011 de la Asociación Foro por la Memoria Histórica de Córdoba y apoyó la decisión del ayuntamiento cordobés, de IU, de no exhumar la fosa común del cementerio de San Rafael porque no había dinero para las identificaciones posteriores.
“Hay tres mil y pico personas enterradas. ¿Para qué las sacamos? ¿Para ponerles un número?”, dijo entonces Rosa Candelaria, teniente de alcalde de Córdoba, a esta revista. Esto es lo que temen las familias rondeñas, que sus familiares acaben en cajas de cartón con un número como única identificación.
Cuestión de dinero
La principal pista que tiene la Asociación Memoria Histórica de Ronda para sospechar que la actuación de la Junta no incluirá la identificación de sus parientes son los 17.000 euros de presupuesto. “Nuestra asociación solicitó 88.000 de subvención, un presupuesto ajustado pero que serviría para exhumar 110 cuerpos e identificarlos –explica Pimentel–. Naranjo va a poner 17.000 euros. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Pues abrir un boquete, sacar lo que pueda, y meter los huesos en cajas de cartón, sin que se llegue a saber a quién pertenecen esos restos”. Lo mismo opina Cristóbal Sánchez Flores, miembro de la asociación y cuyo abuelo fue el último alcalde de la República en Ronda, al que fusilaron y echaron a la fosa.
“Como familiares, no nos gustan los planes de la Junta. O las cosas se hacen bien o mejor que no se hagan. Sabemos que en otras exhumaciones de la provincia no se han identificado los restos, como en el cementerio de Málaga. Aquí queremos sacar uno por uno e identificarlos. ¿Qué es eso de imponer una exhumación por edicto?”.
Las familias piden que, como primera medida, se ponga en marcha una campaña para localizar a los familiares vivos de los fusilados y tomarles pruebas de ADN. “Son personas muy mayores que se están muriendo”, dice Pimentel. También consideran que se debe hacer una búsqueda exhaustiva de documentación en archivos para obtener toda la información posible sobre la identidad de los ejecutados. “Es necesario disponer de un laboratorio que sea el lugar de depósito de restos, de estudio antropológico y realización y cotejo de ADN. Todo esto, antes de comenzar con la exhumación”, explica el presidente de la asociación de Ronda.
“La memoria histórica no consiste solo en gastar dinero –replica Luis Naranjo–. Espero contar con la colaboración del Ayuntamiento de Ronda para que aporte operarios y tenemos el compromiso del Hospital de la Salud de Ronda para que albergue los cadáveres y haga los análisis de ADN por un presupuesto módico”.
Reticencias
La Dirección General de Memoria Democrática ha costeado, mediante subvenciones, unos 30 procesos completos de exhumación, según Luis Naranjo. “Hay que ir cambiando el enfoque: el deber de exhumar, e inhumar cuando no hay familiares localizados de los represaliados, es de las administraciones públicas”.
A sus 83 años, lo único que le queda por hacer en la vida a Ana María Peña Sánchez es depositar los restos de su padre, fusilado en 1937, en la tumba donde descansa su madre, en Paranta, un pequeño pueblo a doce kilómetros de Ronda. De allí se llevaron los falangistas una noche a Antonio Peña Román, jornalero de 28 años y padre de tres hijos. Uno de ellos, Mateo, nació un mes después de que su padre fuera asesinado y hoy observa con desazón los impactos de bala aún visibles en la verja del cementerio de San Lorenzo. “No tenemos información de lo que va a hacer la Junta de Andalucía. Sabemos que lo han publicado en el Boletín Oficial, pero a las familias no nos han dado explicaciones. Y digo yo: si los muertos son nuestros, ¿no tenemos algo qué decir? O, por lo menos, que nos pidan permiso para cualquier cosa que se haga con ellos”, dice Mateo Peña, de 77 años.
“Antes de exhumar, hay que localizar a los familiares vivos, y la Junta no lo va a hacer”, denuncian en Ronda
Inma Rosado Montero, de 59 años, cuyo abuelo, Juan Montero Toscano, yace en la fosa de Ronda desde 1937, pide al director general de Memoria Democrática que no se mancillen los restos de los fusilados. “Sabemos que en otras exhumaciones los restos no han sido tratados todo lo bien que debieran. Se han dejado a la intemperie, sin protección frente a la lluvia y al sol, poniendo en peligro la obtención de ADN. Si van a hacer esto aquí, mejor que no abran la fosa”. Juan Montero era vecino de Cueva del Becerro, a 20 kilómetros de Ronda. “La noche del 16 de marzo de 1937 mataron a 16 personas del pueblo y amanecieron 36 niños huérfanos –cuenta Inma–. Mi abuelo además era viudo. Cuando lo pusieron en la fila para fusilarlo se escapó y se metió debajo de un camión. Allí mismo lo tirotearon. Mi madre se ha pasado toda su vida preguntándose el porqué”.
La fosa de los curas
También el padre de Antonio Heredia Cortés, rondeño de 80 años, pereció en los fusilamientos masivos de marzo y abril de 1937 en el cementerio de Ronda. Era obrero metalúrgico y tenía 32 años y cuatro hijos. “Un practicante del pueblo quiso sacarlo de la fila, pero cuando llegó ya era tarde. Ya estaba en la fosa”, recuerda su hijo. Antonio Heredia considera que “debería ser la asociación quien dirija la exhumación. Llevamos mucho tiempo preparando este momento. Queremos hacer una cripta para depositar allí a nuestros familiares, con sus nombres y apellidos. Otras familias prefieren enterrarlos en sus pueblos”, matiza Heredia. Hay otra fosa común en el cementerio rondeño de San Lorenzo. Es la que alberga a 42 religiosos salesianos ejecutados por las milicias republicanas, acusados de dotar de armas a los militares sublevados. Sobre esa fosa, que casi linda con la de los represaliados de izquierdas, no hay planes de exhumación. Los familiares de esos muertos decidieron hace tiempo que los religiosos descansarían juntos para siempre en esa tierra del camposanto rondeño.
Una exhumación en la fiscalía
Los restos de cuarenta hombres fusilados en 1937 por los militares franquistas aguardan desde hace dos años en cajas de cartón en el cementerio de Castro del Río, un municipio cordobés donde la represión fascista fue cruel. No han sido identificados, pese a que la Junta otorgó una subvención de 400.000 euros al Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, una entidad que nada tenía que ver con la asociación de familiares de la zona, la Agrupación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de Castro del Río, que ha acabado denunciando a la receptora de la subvención. El asunto está en la Fiscalía de Córdoba. “Nadie nos informó previamente de que iban a exhumar a nuestros muertos, ni nos pidieron permiso –dice a interviú Francisco Merino, miembro de la asociación de Castro del Río–. A los familiares nos dijeron que no se podía analizar el ADN de los restos por estar enterrados directamente en la tierra. Todo se hizo mal: ni había personal cualificado, porque el trabajo de exhumación se gestionó a través de un taller subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo; ni había antropólogo, historiadores, forense, documentalistas. No se hizo el trabajo de archivo previo ni se tomó testimonio oral a los familiares para que explicaran quiénes eran sus parientes fusilados”.
