Denunciada la violación de derechos civiles al Subdelegado del Gobierno en Málaga

Malaga Republicana 15/11/15

A raíz de la visita de Felipe VI a Málaga, el pasado jueves 5 de noviembre, se vienen desarrollando toda una serie de acontecimientos:

-En la mañana del día 5 se produce una actuación policial que será denunciada por Málaga Republicana en la nota de prensa que ya publicamos en este blog.

-En la mañana del pasado viernes día 13 de noviembre, los representantes del Grupo municipal Málaga para la Gente, del Partido Comunista de Andalucía, de Alternativa Republicana y del Foro de Debate Republicano de Andalucía entregamos un escrito de denuncia de esos hechos en la Subdelegación del Gobierno en Málaga. En dicho escrito, que se reproduce a continuación, se le exige una entrevista con nosotros y el cese de las medidas represivas ilegales.

Asunto: Denunciando la violación de derechos civiles fundamentales.

Señor Subdelegado del Gobierno:

Dª. Remedios Ramos Sánchez, ciudadana española con DNI. XXXXXXXX-X, como Concejala en el Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga y portavoz  adjunta del Grupo municipal Málaga para la Gente.

D. Efraín de Jesús Campo Vidal, ciudadano español con DNI. XXXXXXXX-X, como Secretario político del Comité Provincial de Málaga del Partido Comunista de Andalucía

D. Antonio Francisco Fernández Lima, ciudadano español con DNI. XXXXXXX-X,  como Secretario General del partido Alternativa Republicana en la provincia de Málaga.

D. Máximo de Santos Tirado, ciudadano español con DNI. XXXXXXXX-X, como Presidente-Coordinador de la Asociación cultural Foro de Debate Republicano de Andalucía.

De forma mancomunada, en nombre propio y de las entidades por ellos representadas, por el presente se dirigen a Ud. para 

DENUNCIARLE  los siguientes hechos:

1º.- Que el pasado jueves 5 del corriente mes de noviembre, con ocasión de la visita del Rey Felipe VI y su esposa a Málaga, un cierto número de personas, entre las que se encontraban el Sr. Alcalde de Málaga, la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, la Sra. diputada por Málaga Doña Celia Villalobos, Concejales y Concejalas de varios Grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga, el Sr. Coronel Jefe del Tercio de la Legión en Ronda, los abajo firmantes y diversos vecinos de la Ciudad de Málaga, nos situamos a partir de las 11’00 horas en las inmediaciones de la puerta principal del Teatro Miguel de Cervantes de Málaga para asistir, como es tradicional, a la llegada de quien en la actualidad desempeña el cargo de Jefe del Estado a título de Rey.

2º.- Que siendo las 11’25 horas de esa mañana, en un ambiente totalmente distendido y sin que mediara incidente alguno, diversos miembros de la Policía Nacional abordaron de manera individual y aleatoria a unas diez personas de las que allí permanecíamos desde veinticinco minutos antes. Dichos agentes de la Policía Nacional, tras retirarles el DNI., conminaron a estos ciudadanos a acompañarlos hasta el interior de la Calle Cárcer, donde los retuvieron ilegalmente durante media hora. Este hecho constituye una flagrante violación de los Artículos 19 y 139 de la vigente Constitución que garantizan la libre circulación de los ciudadanos por el territorio nacional.

3º.-  Que igualmente, siendo las 11’25 horas de esa mañana, un número de la Policía Nacional forzó a abandonar las inmediaciones del Teatro Miguel de Cervantes a D. José Manuel Luque Gálvez, Secretario político del Comité Local del Partido Comunista de Andalucía. Éste último preguntó al agente sobre el motivo de esa conminación policial. La respuesta de este representante de la autoridad no pudo ser más sorprendente: “Lo retenemos porque sabemos quién es Usted. Lo tenemos fichado”. Habida cuenta que no concurre en la persona de D. José Manuel Luque Gálvez antecedente penal ni policial alguno, la afirmación sin duda veraz del agente pone en evidencia la existencia de ficheros políticos, de carácter absolutamente ilegal, en manos de la Policía gubernativa. Hecho que supone una flagrante violación de los Artículos 6, 10, 14 y 53.1 de la Constitución, que establecen la no discriminación de los españoles por razón de opinión o adscripción política y la obligación que vincula a todos los poderes públicos a favor de preservar los derechos individuales fundamentales recogidos por la misma  Constitución.

4º.- Que igualmente, siendo las 11’15 horas del ya citado día 5, a la altura del número 15 de la Calle San Juan de Letrán, policías nacionales miembros del cordón policial  que cerraba el perímetro en torno al Teatro Miguel de Cervantes, impidieron el paso a cuatro personas ancianas que intentaban acceder a dicho Teatro. Al demandar estas personas una explicación por el motivo de dicha prohibición, uno de los agentes allí presentes se dirigió a los mismos en tono y forma totalmente improcedente, hasta el punto de llamar “sinvergüenza” a uno de los ancianos (con cerca de noventa años y casi ciego) y terminar amenazándolo con la expresión de que “se iba a ir de allí calentito”. Las injurias y amenazas son impropias en la actuación de cualquier ciudadano. Más indignas e improcedentes resultan en boca de un representante de la autoridad en un país que dice regirse por normas y principios democráticos.

Sr. Subdelegado, en base a todo lo hasta aquí expuesto, por el presente nos dirigimos a Ud. para

Solicitar:

La celebración de una reunión entre los abajo firmantes y Ud., en el curso de la cual escuchemos su valoración de los hechos aquí denunciados, así como las instrucciones que está dispuesto a impartir a las fuerzas policiales a su mando en evitación se repitan los lamentables hechos por nosotros denunciados en el presente escrito.

A los efectos de concertar dicha entrevista, a continuación le consignamos teléfono, fax y correo electrónico, correspondientes al Grupo municipal Málaga para la Gente en el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga:

Málaga, a 13 de noviembre de 2015

F./ Remedios Ramos Sánchez                                             

F./ Efraín de Jesús Campo Vidal

F./Antonio Francisco Fernández lima                                         

F./Máximo de Santos Tirado

Sr. Subdelegado del Gobierno en la Provincia de Málaga

El Juzgado Togado de Málaga: El testimonio mudo del pasado

La imagen muestra a un nutrido grupo de historiadores en los interiores del Archivo Militar

Entre ellos, Pepe Sánchez y Rafael Molina. L. O.

Unos 20.000 expedientes, entre ellos de la Guerra Civil, relatan la historia reciente de la ciudad

 

La Opinión de Málaga - Matías Stuber 25.10.2015 

El cierre del Juzgado Togado de Málaga amenaza con trasladar el vasto registro histórico a Sevilla - La documentación, que ha servido de base para rescatar el pasado de las personas fusiladas contra un muro en el Cementerio de San Rafael, puede estar a punto de desaparecer de Málaga si las autoridades no se ponen de acuerdo para su reubicación 

 

­Aún pueden ser consultados por los malagueños que lo deseen. Fotografías, consejos de guerra, expedientes, sentencias. Verdades a la espera de su hallazgo. Testigos mudos de un pasado que hoy sirven para contar el ayer. Cuando cayó el caudillo, el país se partió en dos. Entre los que quisieron trazar una línea del olvido, considerando que el pasado en un nuevo mundo por venir ya no importaba. Y los interesados en llenar de claridad a un pasado oscuro. En un relato de búsquedas continuas. De pistas perdidas y de acontecimientos que han dejado pronunciados rasguños.

En la Asociación por la Memoria Histórica contra el Silencio y el Olvido de Málaga andan irritados. Ante el inminente desmantelamiento del Juzgado Togado Militar de la capital, los integrantes de la asociación temen que también desaparezca uno de los registros más vastos que llena de contenido a un pasado nebuloso de la ciudad. Si en el cómputo global de la historia una década se relativiza hasta convertirse casi en el ayer, la entrada de las tropas nacionales en Málaga, con sus fusiles y el consecuente llanto de los chiquillos, queda la sensación de un acontecimiento que todavía se puede palpar. Por retorcido que se quiera presentar en ocasiones. Ahí queda el buen puñado de simbología, con sus placas, estatuas, edificios o nombres de calles, que estiran la impronta del general Franco en la ciudad. Como si asimilar la historia equivaldría a barrer sus piezas debajo de una alfombra, pero a plena luz del día.

Consultas al archivo

• Una fuente inagotable para los historiadores del ramo
  El archivo militar de Málaga es consultado por profesores de la UMA, profesores de institutos y sirve como base para la ejecución de tesis doctorales y trabajos de fin grado. El departamento de Historia Contemporánea en de la UMA se nutre del archivo militar para ampliar su fondo de armario. Los expedientes no solo tratan de enjuiciados, sino que nos aportan datos y características de la población. Revelan el problema de la masificación de las cárceles, la diáspora que significó el desplazamiento de los presos a las cárceles y la cantidad de personas que no volvieron a aparecer después de la guerra.
• Entender el movimiento sindical en España
  La CNT y la UGT protagonizaron la revolución social que se produjo en la zona republicana durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Durante la dictadura franquista las dos centrales históricas fueron duramente reprimidas hasta prácticamente desaparecer. En la etapa final del franquismo surgió una nueva organización llamada Comisiones Obreras. Son numerosos los sindicalistas que consultan el archivo militar para
• Honrar la memoria del pasado en el presente
  Numerosas asociaciones memoristas utilizan el archivo militar para recuperar la memoria de un pasado que sería imposible recuperar sin la información que duerme en el archivo. Todavía no se puede hablar de tener todos los datos de los represaliados, ya que faltan muchas fosas por exhumar y los miembros de la Asociación por la Memoria Histórica contra el Silencio y el Olvido siguen   encontrando datos y expedientes que continuamente se vienen sumando a los ya existentes y revelan nuevos datos.

La memoria histórica será contenido obligatorio en las aulas andaluzas

Presos de un campo de concentración del franquismo en Sevilla. / Recuperando la Memoria Histórica

La Junta remite a la Cámara una ley que abarca desde la II República a la Transición 1982

El País - Raúl Limón - Sevilla 13 OCT 2015

La historia del franquismo y la represión llegará a las aulas andaluzas. El Gobierno autonómico ha remitido al Parlamento el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática —elaborado en la pasada legislatura, con el Gobierno del PSOE e IU—, que incluye que esta forme parte del contenido obligatorio, pero no como asignatura independiente evaluable, de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. La intención es educar de forma rigurosa "sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil". También se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios.

Estas son algunos de los principales aspectos del proyecto de ley:

Más información  

• Los campos de concentración de Franco: así eran y así se sobrevivía

• Mapa de fosas en Andalucía

Definición. La norma define la memoria democrática como "el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición". En este sentido, además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, la norma extiende el periodo que regula hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía.

Víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeadas cada 14 de junio, será público.

Lugares y senderos. Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la consejería con las competencias de Memoria Democrática. Esta podrá impedir su derrumbe o modificación.

Símbolos. Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A diferencia de la Ley Estatal, no se considerarán que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares históricos. De lo contrario, la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.

Fosas. La Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. El Plan Andaluz de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. La localización, exhumación e identificación se incoará de oficio por la Junta o por los Ayuntamientos, a instancias de familiares, entidades memorialistas e investigadores. Si los enterramientos están en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.

Infracciones y sanciones. Serán infracciones muy graves la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas. (sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por último, se considerarán infracciones leves la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros). Las infracciones supondrán la pérdida de subvenciones o ayudas públicas.

Pruebas genéticas. La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN.

Justicia. La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones. También la Consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en representación de la administración autonómica en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante.

Teresa Rodríguez cree "vergonzoso" que Memoria Histórica esté adscrita a Cultura

Captura de pantalla de la Web de la Junta de Andalucia donde esta adscrita la Memoria Democratica dentro del apartado "Historia y tradiciones de Andalucia"

Sevilla, EFE 11/9/15
La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha calificado de "vergonzoso" que, en la Junta de Andalucía, la dirección general de Memoria Histórica esté adscrita a Cultura en vez de estarlo a la Consejería de Justicia.

La Memoria Democrática está adscrita a Cultura "como si estuviéramos hablando de patrimonio o de restos arqueológicos cuando de lo que estamos hablando es de justicia", ha señalado Rodríguez al confiar en que el debate sobre estas políticas se abra pronto en Andalucía.

Rodríguez, que ha participado en un acto en los Juzgados de Sevilla, de apoyo a la causa abierta por una juez en Argentina por crímenes cometidos en el franquismo ha señalado que "algo pasa en un país cuando los crímenes de lesa humanidad se tienen que investigar en Argentina a miles de kilómetros de distancia; es una cuestión de derechos humanos no sólo de memoria, de justicia aquí y ahora".

La líder andaluza de Podemos ha abogado por que estas causas puedan culminar antes de que testigos directos "de delitos que han hecho que España sea segundo país después de Camboya en fosas comunes" desaparezcan, en alusión a los dos testigos oídos hoy en un juzgado sevillano por esta causa abierta en Argentina, dos hombres de algo más de ochenta años, hijos de represaliados por el régimen franquista.

Teresa Rodríguez ha pedido para las víctimas del franquismo "un estatus similar" al de las víctimas del terrorismo, ya que se "trata de muertos por la democracia, por las libertades y por el pluralismo".
"El Estado español tiene mucho de lo que avergonzarse cuando los relatores de Naciones Unidas hacen referencia al incumplimiento permanente de las recomendaciones que se le hacen al Estado español para investigar y establecer justicia y reparación por los crímenes del franquismo y de la guerra", ha añadido.

"Somos una sociedad democrática lo suficientemente madura a estas alturas, después de casi cuarenta años de democracia, para asumir de frente lo que ocurrió y establecer justicia con los familiares (de las víctimas) y con el conjunto de la sociedad española; es un trauma del que tenemos que salir", ha concluido.

IU denuncia al Ayuntamiento de Torremolinos por una exposición que enaltece a Franco y falsea la historia de la Legión

Alerta Digital 29/4/15

Izquierda Unida ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Torremolinos ha patrocinado, con la cesión de espacios públicos y con dinero también público, una exposición que enaltece artificialmente la figura del criminal Francisco Franco y falsea la historia de la Legión obviando su participación en la masacre de trabajadores durante las protestas sociales de 1934 y su apoyo entusiasta al bando fascista durante el golpe de Estado y la Guerra Civil, así como su gusto por los saqueos, las masacres y las violaciones.

 

Por todo lo anterior, IU exige también la retirada inmediata de la Exposición de Miniaturas y Maquetas Militares del centro cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos. La coalición también solicita que se cese, en lo sucesivo, cualquier colaboración con la asociación organizadora de la exposición (la Agrupación de Miniaturistas y Maquetistas Militares “Comandante Benítez”), “que se ha demostrado franquista y militarista”.

 

Según IU, los documentos y la publicidad que acompañan a la exposición falsean la historia para favorecer la imagen del dictador y de la legión, “con espacios, material y dinero del Ayuntamiento de Torremolinos”.

 

Así, la portavoz local de la coalición, Begoña Romero, acusa a La Legión de reprimir “a los españoles y a la democracia”.

 

“Es cierto que Franco y Millán-Astray, como criminales de guerra que eran, tenían una estrecha relación, y que Franco se incorporó casi inmediatamente a la Legión, pero también es cierto que la creación de esta fue empeño personal de Millán-Astray, y no del que luego sería un dictador”, añadió la concejala.

 

“Respecto de la legión, los organizadores de la exposición aprecian, dan a entender y publican -insistimos, con dinero público- que participar en guerras coloniales, reprimir con asesinatos y violaciones levantamientos obreros o participar en el alzamiento fascista contra la democracia republicana son ‘grandes servicios a España’. Hoy no queremos entrar a valorar las actuales “misiones de paz”, pero calificar todo lo anterior de gran servicio al país no es solo una vergüenza, sino que en cualquier país civilizado sería ilegal”, apostilló Romero.

 

Ya dentro del edificio que alberga la exposición, los visitantes pueden coger una hoja tamaño folio titulada “Guiones y banderas de la legión española”, en la que aparecen dibujados 15 legionarios portando otras tantas banderas.

Aún quedan vestigios franquistas en Fuengirola

 

El PSOE de Fuengirola denuncia la existencia de esta clase de símbolos en Fuengirola, que burlan la Ley de Memoria Histórica

Tribuna Sur - J. García | Fuengirola | 06 Marzo 2015

En Fuengirola, en C/ Mar, esquina con C/ Doctor Marañón, queda todavía un recuerdo de la Dictadura. Haciendo caso omiso a la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento de Fuengirola aún no ha retirado esta placa.

 

Desde el año 2008 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lucha por la eliminación de escudos, insignias, placas y menciones a la dictadura franquista de las calles. Aseguran que esta clase de vestigios son “una ofensa para la democracia y para quienes creemos en ella” y son varios los municipios que se enfrentan a denuncias por este hecho, ya que se trata de un delito de desobediencia y una falta contra el orden público.

 

Esta Ley, aprobada en 2007, subraya en su artículo 15 que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Por ello, desde la agrupación socialista, piden al Consistorio que sea consecuente con la legislación en esta materia. “Es una falta de respeto para gran parte de la población que estos símbolos aún se exhiban en Fuengirola; es un asunto demasiado delicado para que la señora Alcaldesa mire para otro lado” lamenta el candidato a la alcaldía, Javier García León.

 

Son más de 86 las ciudades que aún conservan símbolos franquistas: Madrid, Ceuta, Melilla, Palencia, Vigo, Almería, etc., y también Fuengirola.

Reclaman a La Haya que condene la matanza de la Carretera de Almería

Rueda de prensa ayer de Málaga Republicana. Arciniega

La nueva plataforma Málaga Republicana creará una comisión de historiadores y juristas para demandar a España, Alemania e Italia, así como al Ejército español por los asesinatos de civiles durante la desbandá

 

La Opinión de Málaga - Alfonso Vázquez 06.02.2015

La Plataforma Málaga Republicana, fundada el pasado mes de diciembre y que agrupa a 16 colectivos, pedirá responsabilidades penales al Estado español, el Ejército español, la República italiana y la República Federal de Alemania por la masacre de civiles por el bando nacional durante la huida de los malagueños por la Carretera de Almería en febrero de 1937, en plena Guerra Civil.

 

La nueva entidad resalta que entre 80.000 y150.000 malagueños emprendieron la huida hacia Almería al conocer la inminente llegada de las tropas nacionales y que murieron de 3.500 a 5.000 civiles a manos de los aviones y barcos del bando nacional, así como de la aviación fascista italiana y alemana que apoyó a Franco.

 

Máximo de Santos, portavoz de la plataforma, precisó ayer en una rueda de prensa que se constituirá una comisión con historiadores y juristas que «recabará el testimonio de víctimas en primera persona y una amplia documentación de archivos históricos y militares».

 

Además, subrayó que aunque la ley de Amnistía de la Transición enterró en España la posibilidad de emprender acciones penales, «por encima de las leyes españolas está la ley internacional».

 

En este sentido, recordó que «los crímenes contra la Humanidad no prescriben» y puso de ejemplo las demandas que todavía se ven en tribunales europeos de víctimas del holocausto judío.

 

La plataforma escogió para la rueda de prensa un bar de la avenida Carlos de Haya, aviador del bando franquista que, denunció este colectivo, participó junto con García Morato en la masacre de la Carretera de Almería.
 

A juicio del portavoz, mientras el bombardeo de Guernica por la aviación nazi fue muy aireada por la prensa internacional por el fácil acceso de los corresponsales extranjeros, el crimen de Málaga quedó silenciado «cuando el alcance y el volumen de víctimas fue muchísimo mayor».

 

Con respecto a que se le pidan cuentas a tres estados democráticos actuales, tras la desaparición de las dictaduras de Franco, Hitler y Mussolini y todos los responsables de la masacre, el portavoz señaló que en derecho internacional estos estados se consideran «herederos» de los anteriores.

 

El objetivo, subrayó, es poner a trabajar cuanto antes a la comisión de juristas e historiadores, tarea que se puede prolongar durante «uno o dos años» y conseguir una condena del Tribunal de la Haya: «Una vez conseguida, estas instituciones (los estados) tienen solvencia económica para poder indemnizar a las víctimas o sus herederos».

 

La Plataforma Málaga Republicana se coordinará con la comisión ciudadana que en Barcelona se ha formado para pedir responsabilidades penales en La Haya por el bombardeo de la población civil en la Ciudad Condal.

 

Esta nueva plataforma también está apoyada por el consejo ciudadano de Podemos, la agrupación local del SAT de Málaga, la Coordinadora Antifascista de Málaga, Eureka, la Asociación de Estudiantes por una Economía Crítica y el Foro de la Memoria Histórica de la Axarquía.

 

La concejala de IU y miembro de Málaga Republicana Ana García Sempere anunció ayer que el próximo sábado 7 de febrero saldrá a las 10.30 de la plaza del Obispo la marcha homenaje a las víctimas de la Carretera de Almería, hasta el Peñón del Cuervo, incluido el último tramo, el Paseo de los Canadienses, que recuerda la ayuda a los huidos del médico canadiense Norman Bethune y sus compañeros.

 

La marcha tiene previsto pasar por los Baños del Carmen a las 11.30, a las 12 por las Cuatro Esquinas del Palo y llegar al Peñón del Cuervo a las 13 horas, donde se celebrará el acto final. El lema de la marcha, «Contra la impunidad».

La Plataforma Málaga Republicana quiere sentar a los responsables de la matanza en el banquillo

 

La Opinión de Málaga - José Antonio Sau 08.02.2015

Hace 78 años de aquella masacre, pero aún hoy siguen espeluznando los datos: 150.000 personas, según los estudios, emprendieron la huida por la Carretera de Almería desde Málaga hasta la provincia del Levante andaluz para evitar caer en manos de las tropas franquistas a partir de febrero de 11937, cuando la capital cayó. Barcos y aviones del Generalísimo, así como italianos y alemanes se dedicaron a asesinar a personas indefensas, de forma que cayeron –los estudios no se ponen de acuerdo– entre 10.000 y 20.000 personas, constituyendo el episodio un monumento a la barbarie. Ayer, dos marchas simultáneas recordaron a los caídos, en ambos se leyeron manifiestos y se condenó lo que hoy se conoce como La Desbandá.

 

Por la mañana, se celebró una de las marchas conmemorativas en la que participaron el director general de Memoria Democrática, de la Junta de Andalucía, Javier Giradles Díaz, y el delegado de Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, de forma que a las 12.00 horas intervinieron en el homenaje a las víctimas que se hizo en el Peñón del Cuervo (Lugar de Memoria Histórica de Andalucía).

 

Por otro lado, la Plataforma Málaga Republicana se presentó ayer en sociedad con otra marcha en recuerdo de las víctimas de la Carretera de Almería. Con el eslogan Contra la impunidad 1937-2015, la marcha, en la que según la portavoz del colectivo, la concejal de IU en Málaga, Ana García Sempere, participaron más de un millar de personas de dieciséis colectivos distintos, partió de la plaza del Obispo a las 10.30 horas de la mañana y llegó al Peñón del Cuervo pasadas las 13.00 horas.

El coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, y el concejal de la coalición en el Ayuntamiento, Eduardo Zorrilla, también participaron.

 

García Sempere aseguró que la idea que presidió el acto era homenajear a las víctimas y presentar esta plataforma.

 

Antes de empezar, se repartió un manifiesto en el que se informaba de que se están buscando ya caminos legales para tratar de sentar a los culpables en el banquillo de los acusados «por delitos contra la Humanidad». «Queremos llegar al Tribunal de la Haya y, aunque los responsables ya no se les pueda enjuiciar, pretendemos llevar ante los jueces al Estado español, al Ejército y a las repúblicas de Italia y Alemania», precisó. No en vano, ya han hablado con una plataforma catalana que ha iniciado trámites parecidos.

Utrera Molina y su relación con la justicia internacional através de amenazas a las víctimas

Utrera Molina niega haber cometido delito alguno "en el régimen anterior"

 

El exministro franquista cree que la acción judicial una "iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal"

 

La Vanguardia 13/11/2014 Barcelona. (Redacción).-

El Ministro Secretario General del Movimiento entre 1974 y 1975, José Utrera Molina, ha reaccionado de forma contundente a la orden de la Justicia argentina de ser detenido al ser acusado de haber firmado la sentencia del militante anarquista Salvador Puig Antich, en el marco de un conjunto de peticiones de arresto por parte de la misma juez a otros dirigentes de la dictadura franquista. En un comunicado en el que se refiere a "noticias publicadas relativas a mis responsabilidades como ministro durante el Régimen anterior", niega haber cometido "delito alguno" cuando fue ministro y desacredita que la petición de la magistrada argentina sea una "acción judicial" al considerar que se trata más bien de una "iniciativa política".

 

La breve nota firmada por el exministro franquista consta de tres puntos. En el primero, Utrera Molina considera que el "ejercicio de las responsabilidades" como ministro "no constituye, ni ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno". En el segundo, mantiene que "la supuesta acción judicial" contra él no debe "ser considerada como tal". A su juicio, se trata de una operación "política" que dirigen "en la sombra" los que "en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal" en alusión clarísima a la cusa que abrió el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, algo que se produjo añade porque no había "fundamento legal alguno".

 

Finalmente, Utrera Molina considera que la imputación de dichos crímenes es una "calumnia y un atentado contra mi honor" por lo que el exministro se reserva la posibilidad de ejercer "las acciones judiciales pertinentes". 

 

La actitud de Utrera Molina de rechazo frontal contrasta con la del otro exministro sobre el que pesa un orden de detención cursado por la Interpol tras la petición de la juez María Servini, Rodolfo Martín Villa. Aunque también rechaza las acusaciones, Martín Villa ha expresado su voluntad de declarar ante Servini para defenderse y sin usar como "parapeto" la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la ley de Amnistía.

La jueza argentina ordena la detención de ocho exministros franquistas, entre ellos Utrera Molina

El ayer y hoy de Utrera Molina.
Foto: Toma la Noticia - Almería  



La magistrada acusa al malagueño de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich

 

Sur | Madrid 1/11/14

La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el exministro malagueño, José Utrera Molina , que actualmente tiene 88 años. La magistrada ha dictado una resolución en la que acuerda esta medida con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria al exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa –ministro de Gobernación entre 1976 y 1979–, al malagueño Utrera Molina –que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón–, y a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, exjueces o un antiguo ginecólogo.

• Cayo Lara opina que la decisión de la jueza argentina de detener a Utrera Molina es "un ejemplo claro de democracia"

 

Entre los políticos, se encuentran los exministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

 

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

 

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

 

Al exministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

 

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

 

La magistrada recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos. Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.

 

La mayoría absoluta del PP en el Senado impide pedir la anulación de la condena a Blas Infante

Redactada su sentencia de muerte cuatros años después de ser fusilado

 

Los populares consideran que la petición es "extemporánea" y que quedó resuelta con la Ley de Memoria Histórica.

 

EUROPA PRESS - Madrid 21/10/2014

La Comisión de Justicia del Senado ha rechazado este martes solicitar al Gobierno que anule la condena a Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, así como la multa impuesta a sus herederos por las responsabilidades políticas, en virtud de la mayoría absoluta del PP, que considera que la petición es "extemporánea" y que quedó resuelta con la Ley de Memoria Histórica.

 

Se trata de una moción de IU, defendida en la Cámara alta por el senador José Manuel Mariscal que sí contó con el apoyo del resto de los partidos políticos pero no con la de los 'populares'. Su portavoz Francisco Cuevas ha manifestado su "pleno respeto" a Blas Infante y ha defendido que su negativa no va "contra ninguna figura política" sino "en contra de votar lo obvio y lo que ya establecido".

 

"Es una moción innecesaria, redundante y extemporánea", ha insistido el senador del PP, que ha argumentado que "ya han pasado 70 años" desde la condena y que el asunto está "resuelto por la Ley de la Memoria Histórica", aprobada en el año 2007 con el voto en contra del PP. "Esa sentencia ya está anulada de pleno derecho, como si nunca hubiera existido", ha insistido Cuevas al recordar la ilegitimidad que la norma atribuye a los tribunales de guerra y a las sentencias que éstos dictaron.

Aleg​aciones de la Asociación Memoria Historica de Ronda por la exhumación del cementerio

Anuncio de 18 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Memoria Democrática

   Manifestaciones de la Junta Directiva de la Asociación Memoria Historica de Ronda

 

Adjuntamos NOTA de la D.G. de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y las Manifestaciones-Alegaciones de nuestra Asociación de Familiares a la misma.

 

Creo que está diáfana nuestra intención de no dejar que nadie profane chapuceramente nuestras fosas.

 

Nuestros familiares y demás rondeños y serranos murieron por las causas más dignas del ser humano: la libertad, la igualdad y la fraternidad.

 

Nosotros no podemos permitir que nadie haga política ni negocio con nuestros mártires republicanos.

 

Para cualquier aclaración estamos a vuestra disposición en los teléfonos:

 

Francisco Pimentel (Presidente): 648494865

Maricarmen Ruiz (Secretaria): 625695223

 

Y en nuestro correo electrónico:

Asociación Memoria Historica de Ronda
asociacionmemoriahistoricaronda@yahoo.es

 

Saludos cordiales

 

La memoria histórica entra en los institutos y en la educación de adultos de Andalucía

 

Se acaba de publicar el primer manual pedagógico sobre la Historia democrática andaluza dirigido al profesorado. La memoria económica de la Ley de Memoria Democrática prevé una inversión de 10 millones de euros hasta el año 2020

 

Público - Rafael Guerrero - Sevilla 18/09/2014

La Junta de Andalucía pretende invertir en memoria histórica 10 millones de euros hasta 2020 dentro de una planificación cuatrienal que comenzará en 2015, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Parlamento andaluz, que podría producirse entre diciembre y, como muy tarde, antes del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía.

 

Actualmente, el texto se encuentra en fase de anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno en marzo pasado, su memoria económica acaba de obtener el visto bueno de la Consejería de Hacienda y sólo falta el dictamen del Consejo Consultivo para que entre en la Cámara andaluza como proyecto de ley para ser debatido por los grupos políticos.

 

Desde las últimas elecciones andaluzas de 2012 y la formación del Gabinete de coalición PSOE-IU, las competencias sobre memoria histórica dependen de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que encabeza el vicepresidente de la Junta y excoordinador regional de Izquierda Unida Diego Valderas.

 

IU elevó el rango institucional memorialista y creó una Dirección General de Memoria Democrática, cuyo titular es Luis Naranjo. Tras un largo proceso de meses de reuniones y consultas con representantes de asociaciones de la memoria y expertos, nació el anteproyecto que condensa la política memorialista andaluza, con avances sustanciales en relación con la ley estatal promovida por Zapatero, aprobada a finales de 2007 y desactivada por Rajoy.

 

Susana Díaz: "Será la ley más avanzada de España"

La Ley de Memoria Democrática andaluza será la tercera norma autonómica que regule la memoria histórica, tras la catalana (2007) y la navarra (2013), pero es la que se plantea llegar más lejos en sus objetivos, ya que persigue entroncar con los tratados internacionales sobre derechos humanos cuyo incumplimiento viene reprochando insistentemente la ONU al Estado español a través de distintas instancias.

 

Lo anunció en julio la presidenta de la Junta Susana Díaz (PSOE) -"la ley será la más avanzada de España"- y lo confirma ahora el vicepresidente Valderas (IU), esperanzado en que "Andalucía se homologue con otros países en defensa de los derechos humanos, en el conocimiento de la verdad, sobre los pilares de verdad, justicia y reparación".

 

La Ley de Memoria Democrática se define como una norma transversal. De hecho, en su gestación ha habido participación de hasta siete consejerías del Gobierno andaluz, lo que la convierte no sólo en un empeño partidario de IU, sino también en un proyecto asumido por los socialistas, como principal sostén del Ejecutivo.

 

Unas de las novedades afecta a la educación, ya que la Junta ha decidido introducir la memoria histórica en los institutos y en la educación de adultos, pero no como una asignatura, sino como materia de información y conocimiento. Y para ello se acaba de editar un manual pedagógico dirigido a los profesores sobre la Historia democrática de Andalucía, concretamente sobre la Segunda República, "lo que supone el primer material didáctico sobre memoria histórica realizado en Andalucía", según el director general, Luis Naranjo. "No será materia de currículum, pero sí de obligado conocimiento, ya que sobre el silencio y el olvido no se construye nada", afirma el vicepresidente andaluz, Diego Valderas.

 

Más control oficial sobre las exhumaciones

El argumento de la divulgación educativa sirve como intento para aplacar las críticas sobrevenidas desde asociaciones memorialistas al anteproyecto en su régimen sancionador, ya que prevé multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves, como la "realización de excavaciones sin autorización". Valderas rechaza que la ley tenga vocación sancionadora, "sino constructiva y de concienciación". La Junta pretende ejercer un fuerte control sobre las exhumaciones de fosas comunes, considerando que se trata de la región más masacrada por la represión franquista (más de 50.000 asesinados y más de 600 fosas). No obstante, el máximo responsable político andaluz en materia de memoria histórica se muestra sensible a las críticas y cree que el texto puede matizarse en su tramitación parlamentaria, sin que pueda interpretarse como excluida la labor que desde hace más de una década han venido realizando las diferentes asociaciones en cuanto a exhumaciones en territorio andaluz.

 

La crisis y los recortes en el gasto público han afectado a las exhumaciones en Andalucía, donde -no olvidemos- se ha culminado en Málaga la intervención pública más importante de Europa después de Sebrenica, en la antigua Yugoslavia, con más de 2.800 esqueletos rescatados y la construcción de un monumento en memoria de las víctimas. Para este año se han programado once excavaciones de fosas, un proceso que se pretende reactivar tras la aprobación de la nueva ley, que prevé incluso la expropiación temporal de terrenos cuando las fosas se encuentren en fincas privadas.

 

Así pues, el vicepresidente de la Junta disipa las dudas sobre la continuidad de la participación de las asociaciones memorialistas en el proceso exhumatorio, aunque considerando su elevado coste, no cree que el año próximo sea un ejercicio idóneo para esos trabajos, ya que las restricciones económicas añadidas por el Gobierno central a las cuentas andaluzas dificultan la negociación de los socios de gobierno para la elaboración de un presupuesto general de 2015 para la comunidad autónoma en el que impera "la prioridad para el gasto social: salud, educación y dependencia".

 

La Junta denunciará los delitos a la Justicia

Otro aspecto destacable del proyecto legislativo es el interés por implicar a los jueces en las exhumaciones, con arreglo a los protocolos internacionalmente homologados y relacionados con las desapariciones forzosas. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo, con el pretexto de la Ley de Amnistía de 1977, dificulta ese objetivo, pese a lo cual el anteproyecto insiste en que "denunciará ante los órganos jurisdiccionales la existencia de indicios de comisión de delitos a que se refiere esta Ley". Esto supone que siempre que se encuentren restos humanos con signos de muerte violenta en una fosa, la Junta lo comunicará al juez correspondiente por entender que pueden ser delitos de lesa humanidad. Valderas, que apuesta por elaborar un protocolo de actuación para los jueces, valora este tema positivamente: "Lamentablemente han sido muy pocos los jueces que se han personado en exhumaciones de fosas del franquismo, pero la personación activa de un Gobierno como el andaluz me parece un avance importante, aunque no suficiente".

 

Otros aspectos vanguardistas que contempla la próxima ley andaluza son la creación de un banco de ADN para las identificaciones de víctimas y familiares, así como para contribuir al esclarecimiento del tema de los niños robados; la ampliación del catálogo de víctimas del franquismo y la fijación de un día al año en su memoria, que será el 14 de junio; la extensión del marco temporal de recuperación de la memoria desde 1931 hasta 1982; la creación de senderos de la memoria que combinan la divulgación histórica y la ecología; la no consideración de razones artísticas -a diferencia de la ley estatal- como excepción para eliminar simbología franquista; la prohibición de actos públicos que humillen a las víctimas; la reparación a las víctimas de trabajos forzados a cargo de las organizaciones que se beneficiaron de ello, etc.

 

"Hemos trabajado al límite pero dentro del marco constitucional y del Estatuto de autonomía de Andalucía, que reconoce la necesidad de profundizar en el conocimiento de nuestra memoria democrática", asegura el vicepresidente del Gobierno andaluz, que no teme ni cree que el Partido Popular recurra la ley memorialista ante el Tribunal Constitucional como sí ha hecho con las avanzadas leyes andaluzas sobre la vivienda, cuya aplicación ha sido suspendida cautelarmente por el alto tribunal.

Presentación de más documentación por las víctimas de S. Rafael en Málaga

Foto de los dos CD's acompañados de los retratos de mis dos víctimas

MJBarreiroLG 14/6/14

El pasado día 3 de junio he podido presentar por fin dos nuevos CD's en el Consulado de Argentina en Barcelona con documentación que se añadirá a mi denuncia interpuesta  el pasado 15 de enero sobre los crimenes del franquismo en el cementerio de San Rafael de Málaga.

Esta documentación me fue aportada para presentarla en la querella argentina por un ex-miembro de la Junta Directiva de la asociación malagueña que realizó la exhumación en Málaga en el mes de febrero cuando yo ya había presentado mi denuncia documentada con los listados de víctimas desde 1937 a 1948 de las historiadoras Encarnación Barranquero y Matilde Eiroa.

La documentación de los dos CD's contiene:

1- Listado actualizado del año 2008 de víctimas de Málaga capital hasta el año 1957.

2- Informe final de la exhumación del cementerio de San Rafael de Málaga de febrero de 2010.

En el escrito que acompañaba a los DC's se solicitaba que fueran remitidos a la Jueza Maria de Servini a la mayor brevedad posible dado su interés en este genocidio en su reciente visita a la ciudad, y por la negativa del permiso judicial para poder visitar el terreno del antiguo cementerio donde se realizó dicha exhumación.

Mi granito de arena como familiar de malagueños fusilados en Málaga está aportado, estas víctimas en la totalidad de las que son conocidas hasta el momento están incorporadas en la Causa 4591/10 caratulada “N.N. s/genocidio” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 – Secretaría nº 1, de la ciudad de Buenos Aires – República Argentina desde el año 2014 por que no todo son monumentos si no hay justicia de sus crimenes los monumentos de poco valen.

Memoria/Servini

La Jueza María de Servini con miembros de la Junta de Andalucia

Nota MJBarreiroLG:
Según conversaciones via correo electronico mantenidas entre los organizadores-acaparadores de la justicia de las víctimas situados en el eje Madrid-Sevilla las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo en Málaga y su provincia tenian que ponerse en contacto con ellos por que ya habia rumores de que la jueza venia a Málaga, según dice una conocida sevillana en la Memoria: "Su telefono está en internet si querian asistir podian haberla llamado", palabras textuales.


La Voz de Ronda- Francisco Pimentel 31/5/14

Son muchos los acontecimientos que sobre la Memoria Histórica de nuestra tragedia se van concatenando en España y en el mundo. El último ha sido la visita de la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría a varios lugares de la memoria siendo uno de ellos Málaga para ver la cripta del monumento-pirámide donde están los 2.840 cuerpos recuperados de las fosas comunes del cementerio de San Rafael, y entrevistar a varias de las personas aún vivas que sufrieron la represión en primera persona y en sus familias.

Esos testimonios, cuando se producen, porque cuesta mucho trabajo hacer hablar a nuestros mayores sobre el terror que padecieron a manos de Franco y sus secuaces nazis y fascistas, son estremecedores. No sé qué conclusiones habrá sacado la jueza de lo que ha oído y visto, pero estoy seguro de que la transmisión oral que haya recibido es una mínima parte de lo que está escondido en nuestros corazones y en nuestra memoria. En cuanto a lo poco visto, creo que por causa de una improvisada y pésima organización, es posible que le haga creer que lo de Málaga no fue para tanto.

Y lo fue, y lo sigue siendo. Porque el genocidio que los fascistas efectuaron sobre el Campo de Gibraltar, la comarca de Antequera, la Serranía de Ronda, la Costa del Sol y Málaga fue tan grande que aún estamos pagando las consecencias.

Ronda puede haber sido la primera población bombardeada por la aviación en la historia de la humanidad. El éxito terrorista de esa primera prueba llevó a los fascistas a bombardear Málaga y a las decenas de miles de personas que huían por la carretera hacia Almería del terror, asesinatos, robos, incendios y violaciones que las tropas franquistas venían haciendo por donde pasaban. Nada que ver con Guernica. Mejor dicho: igual que en Guernica pero mil veces más. Y sin embargo casi absolutamente desconocido. ¿Porqué?

Y dudo que la jueza Servini haya sido informada adecuadamente por el séquito que la rodeó y que de alguna manera acaparó su atención hacia ciertos aspectos personales evitando que asociaciones de familiares que han vivido y viven la tragedia y llevan muchos años desenredando la madeja de las mentiras y el ocultamiento tuvieran la posibilidad de entrevistarse con ella.

Es una gran desgracia para la recuperación de la memoria histórica que haya entidades y personas que, ancladas en esquemas políticos obsoletos, pretendan acaparar la hegemonía del movimiento memorialista cuando éste pertenece a todo el pueblo y la colaboración entre todas las asociaciones y entidades debería ser la primera norma.

Nuestros familiares, todos nuestros antepasados eran republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, masones y todos unidos por la libertad, la igualdad y la fraternidad lucharon juntos contra el fascismo. Lucharon, murieron y están juntos en las mismas fosas comunes. ¿Porqué no recogemos esa bandera de unidad que nos legaron si el enemigo del pueblo sigue siendo el mismo?

Por suerte y por el cambio de los tiempos ahora tenemos la ONU de parte de los pueblos de España y el plazo de un año dado al gobierno para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo ya empezó el día 15 del pasado mes de Noviembre. Hoy quedan 168 días.

Francisco Pimentel

Asociación Memoria Histórica de Ronda

Grupo Facebook: memoria historica de Ronda

asociacionmemoriahistoricaronda@yahoo.es

El Juzgado de Málaga impide que la jueza Servini visite la mayor fosa del franquismo

La jueza Servini junto al Fiscal Federal argentino y el abogado Máximo Castex.

*El Juzgado Número 9 de Málaga no autoriza una “inspección ocular” de la jueza María Servini a la fosa común del cementerio de San Rafael, en Málaga, alegando que será el propio tribunal quien la realice el próximo 18 de junio 

*El "objetivo" era que la magistrada y el Fiscal Federal argentino, Ramiro González, vieran el trabajo realizado en una sepultura donde fueron arrojadas más de 4.400 personas asesinadas por el franquismo.

Eldiario.es -Juan Miguel Baquero  26/05/2014 -

El Juzgado Número 9 de Málaga impide que la jueza argentina María Servini de Cubría visite la mayor fosa común de España, ubicada en el cementerio malagueño de San Rafael y que albergaba a 4.410 personas arrojadas tras su asesinato. La titular del Juzgado Federal 1 de Buenos Aires, que investiga violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo, tenía previsto una inspección directa del espacio y del panteón en memoria de las víctimas inaugurado el pasado día 11 de enero. Es el segundo revés judicial que recibe Servini en suelo español tras la falta de colaboración en Miranda de Ebro (Burgos).

El "objetivo básico de la visita" era que la magistrada y el Fiscal Federal argentino Ramiro González hicieran, acompañados por historiadores, "una inspección ocular y directa del trabajo que se hizo en las fosas y de dignificación de las víctimas", señala Máximo Castex, abogado que representa en Argentina a los querellantes en el proceso. El mausoleo edificado acoge los restos óseos de 2.840 republicanos, fusilados frente a las tapias del camposanto, y que fueron hallados tras excavaciones en nueve fosas comunes.

"La única conclusión es que falta voluntad de que esto se realice"

Sin embargo, la jueza ha recibido –poco antes del horario fijado para el examen– una diligencia que indica "que la inspección la realizará el próximo 18 de junio el propio juzgado de Málaga y remitirá un informe o acta". "No se entiende esta decisión, no tiene lógica", continúa Castex, "la única conclusión es que falta voluntad de que esto se realice", define sobre la decisión judicial. "Esto era sólo una visita a un sitio público con el objetivo de una visita ocular", concluye.

El Juzgado Número 9 de Málaga no ha ofrecido "ningún motivo particular" para anular el trabajo previsto. "Impide a la jueza Servini visitar el cementerio de San Rafael pero se han limitado a eso, a indicar que no se va a la realizar", expone el letrado de la denominada Querella Argentina. Según Máximo Castex, "hace tres días que el Juzgado de Málaga tiene el exhorto, bastaba con autorizar a la jueza y el fiscal, no hace falta que fuera el juez, pero ni siquiera eso se ha hecho".

Durante la estancia en España enmarcada en la causa contra el franquismo, María Servini y el representante del Ministerio Público argentino sufrieron un primer revés judicial en la sede judicial de Miranda de Ebro, que no ofreció colaboración. No obstante, otros juzgados con "diligencias más complejas, con audiencias testimoniales", sí contribuyeron a la labor solicitada previamente mediante exhortos "que en el plazo de unas horas quedaron resueltos".

Fue el caso de Gernika (Vizcaya), Sevilla y los territoriales de Carmona y Marchena, donde la judicatura argentina tomó declaración a víctimas del franquismo. "No tengo más que agradecerle a los señores jueces que se han comportado excelentemente", dijo al respecto la propia Servini de Cubría.

Escuela de Memoria Democrática en Benalmádena

Patrocinada por
Junta de Andalucía

Dirección General de Memoria Democrática

  
Inscripciones en:  inscripcionescuelamemoria@gmail.com

El próximo sábado 10 de Mayo, organizada por la Fundación Domingo Malagón en colaboración con el Foro de la Memoria y patrocinada por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, se celebrará en la provincia de Málaga una Escuela de Memoria Democrática, que se realizara en Edificio Innova. Avda. de García Lorca s/n frente a biblioteca municipal de Arroyo de la Miel (Benalmádena) durante todo el día.

   

Previsión del temario y horarios, ya que aun no están cerrados los ponentes y puede que se produzca alguna variación.

Agresión fascista a varios miembros del SAT Estepona

OFICINA DE PRENSA UNIÓN LOCAL DEL SAT EN ESTEPONA 2 de mayo de 2014 - 23:10h.

El pasado miércoles 30 de Abril cuando dos compañeros y una compañera del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Estepona se disponían a acudir a la concentración en la puerta de la oficina del SAE convocada por la plataforma Marchas de La Dignidad, se encontraron con propaganda de la ultraderecha española que decidieron despegar. Fue entonces cuando uno joven fascista se acercó a ellos increpandoles con un lenguaje despectivo y con empujones. Acto seguido, el joven propinó una patada a uno de los compañeros, aprovechando el otro compañero ese momento para poder reducirlo.

Tras un forcejeo, el fascista huyó del lugar amenzando a l@s tres compañer@s.

En ningún momento ninguno de nuestros compañeros, ni el agresor, resultaron heridos ni corrió más peligro su integridad física. No obstante, al día siguiente nuestra sede situada en la Calle Portada apareció con varias pegatinas de carácter fascista en la fachada y cristales, a modo de acoso o intimidación.

Ya llevamos unas semanas teniendo que aguantar propaganda fascista en nuestras calles, incitando al odio, la xenofobia y demás pensamientos discriminatorios, y animamos al pueblo de Estepona a rechazar esa propaganda así como ese tipo de acciones en nuestra localidad.

El próximo lunes 5 de Mayo se celebrará el juicio tras la denuncia que presentamos contra el agresor, y llamamos a toda la población a sumarse al apoyo en las puertas del juzgado número 5 de Estepona (Avda. Puerta del Mar, 45) a las 11:30h.

Queremos demostrar que no queremos al fascismo campar por nuestras calles y que todos los ciudadanos rechacemos estos actos y los condenemos.

OFICINA DE PRENSA
UNIÓN LOCAL DEL SAT EN ESTEPONA
2 de Mayo de 2014

El bipartito reclamará al Estado la anulación de las sentencias franquistas

 

Andalucía Crítica / EP 29/03/2014

La Junta de Andalucía va a iniciar un proceso para reclamar al Gobierno central la anulación de los juicios sumarísimos y las sentencias dictadas por el régimen del dictador Francisco Franco, comenzando con la emitida contra el padre de la patria andaluza, Blas Infante, que cuatro años después de ser fusilado, fue condenado a muerte por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que impuso además a sus herederos una multa económica.

En declaraciones a los periodistas en Granada, antes de inaugurar una jornada de debate sobre el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha señalado que la intención del Gobierno andaluz no es retrotraer las sentencias o recuperar bienes patrimoniales sino simplemente recuperar "la dignidad y la justicia".

Aunque el Gobierno andaluz no tiene aún el dato concreto de cuántas resoluciones podrían ser anuladas sí que estima que serán "miles", y se basa en la justicia internacional, tanto en lo establecido por las Naciones Unidas como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para avalar esta petición.

Además, según ha recordado Valderas, el propio anteproyecto de ley de memoria democrática ya plantea pedir al Estado esa anulación de sentencias "que se produjeron tan injustamente". Así, se hará un "trabajo político" desde la Consejería que él mismo preside y desde la Dirección General de Memoria Democrática, para lo que ya se están analizando las "vías de solicitud", que podrían partir tanto del Gobierno andaluz como de la Cámara Autonómica.

Valderas, que además ha apostado por señalizar todos los lugares relacionados con la memoria histórica de Andalucía, ha pedido que el Gobierno de España "se tome en serio este tema con la solvencia que corresponde", y que lo haga "si es posible" antes de que la propia ley "esté en valor". "Nosotros queremos incluso ir por delante de lo que son los tiempos legislativos, debería haber estado ese tema solucionado desde hace bastante tiempo", ha considerado.

Por otro lado, ha estimado que la ley impulsada por el Gobierno andaluz en materia de memoria es una ley de "vanguardia" y ha abogado por convertirla en "patrimonio" de todos los andaluces, para lo que, según ha dicho, es necesario que todos participen de "abajo arriba".

Por ello ha defendido las jornadas de debate como las celebradas este sábado en Granada que permitirán, en su opinión, que cuando la ley llegue al Parlamento para su aprobación definitiva, su texto llegará "mejorado". "Es una ley que se pone en la parte más avanzada del movimiento memorialista y del tema de recuperación de memoria democrática del pueblo español y andaluz y de todas las leyes del conjunto del Estado", ha indicado.

Además, esta nueva norma significará que el Gobierno, PSOE e IU, "cumple" con su programa político planteado desde el punto de vista legislativo, que incluye otras leyes impulsadas desde la Consejería que dirige Valderas, como la ley en defensa de los consumidores, la ley de concertación local y "ya mismo" la de participación ciudadana, lo que convierte a su departamento en el que más proyectos de ley ha impulsado.

El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, también ha defendido las jornadas de debate en torno al anteproyecto de ley de memoria, porque suponen un "paso más" en la "socialización" de la norma, que precisamente nació "del debate con las asociaciones y foros memorialistas".